LA UNIÓ denuncia que dos años después de la DANA siguen pendientes ayudas, reparaciones y expedientes

Dos años después de la DANA de octubre de 2024, la recuperación del campo valenciano sigue marcada por la incertidumbre sobre las ayudas, las reparaciones pendientes y la resolución de los expedientes. LA UNIÓ denuncia que cientos de agricultores y ganaderos todavía desconocen qué ocurrirá con todas sus parcelas afectadas, cuándo se ejecutarán las obras necesarias o en qué situación se encuentran sus solicitudes.

Ante esta situación, la organización agraria ha remitido una carta a la comisionada especial para la DANA, Zulima Pérez, en la que reclama medidas urgentes para desbloquear los asuntos pendientes y mejorar la coordinación entre el Ministerio de Agricultura, TRAGSA, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Generalitat Valenciana.

LA UNIÓ considera que el esfuerzo presupuestario anunciado tras las inundaciones no puede traducirse en expedientes sin resolver, actuaciones sin calendario y agricultores sin una respuesta clara. La falta de información individualizada, advierte, genera indefensión y compromete la recuperación productiva de numerosas explotaciones.

Parcelas sin respuesta y dudas sobre las reparaciones

La publicación de un nuevo listado de parcelas el pasado 16 de octubre no ha despejado las dudas. Según las quejas recibidas por LA UNIÓ, algunos titulares han comprobado que se han incorporado nuevas parcelas a sus expedientes, pero siguen sin tener información sobre otros terrenos que también resultaron afectados.

La organización denuncia, además, que no ha localizado información oficial sobre el inicio de la tramitación de los recursos de alzada. Según la información recabada por la entidad, estos recursos no se atenderían hasta la publicación del último listado, lo que prolongaría la incertidumbre de los damnificados.

También persisten las dudas sobre si habrá nuevas relaciones de parcelas. LA UNIÓ ha recibido quejas de agricultores a los que TRAGSA ha contactado para ofrecerles la reparación de terrenos incluidos en los listados, comunicándoles que no se publicarán nuevas relaciones. Esta situación preocupa a quienes todavía tienen parcelas afectadas sin respuesta.

Otro foco de incertidumbre son los agricultores que han adelantado con sus propios medios la reparación de parcelas, caminos, instalaciones o infraestructuras de riego para recuperar cuanto antes la actividad. Algunos temen que aceptar ahora una intervención de TRAGSA pueda afectar al cobro de las ayudas correspondientes a los trabajos que ya han realizado.

LA UNIÓ reclama que se aclare por escrito qué parcelas se repararán, cuáles quedarán fuera, qué actuaciones están previstas y cómo se tratarán los gastos asumidos previamente por sus titulares. La organización considera que los afectados no pueden tomar decisiones con consecuencias económicas sin disponer de información oficial y homogénea sobre los procedimientos.

Incertidumbre sobre el dominio público hidráulico y las ayudas

La delimitación del Dominio Público Hidráulico es otra de las cuestiones pendientes. LA UNIÓ pide información coordinada sobre las parcelas afectadas y las posibles zonas de laminación, así como sobre sus consecuencias para la titularidad, el uso agrario, la superficie reparable, las compensaciones y los procedimientos de audiencia o reclamación.

La entidad también recoge el malestar de agricultores que aseguran que otros afectados en situaciones similares ya han recibido pagos mientras sus expedientes continúan sin resolverse. A su juicio, la ausencia de explicaciones claras sobre los criterios aplicados y el estado de cada solicitud alimenta la desconfianza y la sensación de agravio.

Los viveristas tampoco quedan al margen. LA UNIÓ ha recibido quejas de empresas que han reparado sus invernaderos e invertido importantes cantidades para recuperar su actividad, mientras otros viveristas de menor dimensión afirman que se les han denegado las ayudas o actuaciones solicitadas.

Por ello, la organización reclama que se hagan públicos los criterios de concesión, se expliquen las razones de las denegaciones y se aclaren las vías disponibles para presentar reclamaciones.

Cinco exigencias para desbloquear la recuperación del campo

LA UNIÓ plantea cinco medidas concretas a la comisionada especial para la DANA y al conjunto de las administraciones implicadas:

• Publicar los listados completos y resolver los expedientes. Aclarar si habrá nuevas actualizaciones y resolver expresamente las alegaciones y los recursos presentados.

• Establecer un calendario público de las obras. Detallar por municipios los trabajos encomendados a TRAGSA, las actuaciones pendientes y sus previsiones de ejecución.

• Designar un interlocutor técnico permanente. Crear una referencia que atienda con rapidez las incidencias de los agricultores y coordine las consultas con los organismos competentes.

• Aclarar la situación de las parcelas afectadas por el dominio público hidráulico. Ofrecer una respuesta coordinada sobre las delimitaciones de cauces y las zonas de laminación que afectan a terrenos agrarios.

• Proteger los derechos de los agricultores. Aplicar urgentemente los criterios de fuerza mayor para salvaguardar los derechos vinculados a las ayudas de la PAC y al viñedo, además de aclarar las condiciones de las reparaciones ya ejecutadas y las consecuencias de aceptar nuevas intervenciones.

La organización insiste en que estas medidas requieren una coordinación efectiva entre el Ministerio, TRAGSA, el FEGA, la CHJ y la Generalitat Valenciana. A su juicio, no basta con publicar listados parciales o trasladar información de manera individual y contradictoria: los afectados necesitan procedimientos claros, respuestas oficiales y plazos concretos.

«Los agricultores y ganaderos necesitan soluciones y plazos claros»

LA UNIÓ advierte de que la recuperación no puede darse por concluida mientras haya explotaciones que desconozcan qué parcelas se repararán, expedientes pendientes de resolución o instalaciones sin una solución definitiva.

Dos años después de las inundaciones, la falta de certezas sigue condicionando las inversiones, la planificación de las campañas y la viabilidad de numerosas explotaciones. Para la organización, la reconstrucción debe medirse por las soluciones que llegan efectivamente al campo, y no solo por los presupuestos anunciados o las actuaciones recogidas sobre el papel.

Por ello, exige a la comisionada especial para la DANA que impulse una respuesta coordinada y urgente que permita cerrar los expedientes pendientes, aclarar las dudas y garantizar que ninguna persona afectada quede sin una respuesta motivada.

El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, subraya que «los agricultores y ganaderos damnificados ya han soportado dos años de pérdidas, trámites e incertidumbre. Ahora necesitan soluciones, plazos y responsabilidades claras para poder recuperar sus explotaciones y mirar al futuro con garantías».