Los cambios normativos aprobados desde la publicación en 2004 de la ley del Catastro, la transformación de la sociedad por las tecnologías de la información y las reformas operadas en la Administración han hecho necesario aprobar una nueva orden que actualice el contenido de los modelos de declaración de alteraciones catastrales.
Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han reclamado hoy un esfuerzo adicional para frenar el éxodo de personas que vive el mundo rural. “Se amplía constantemente lo que se denomina la España vacía y vemos como, a cada segundo que pasa, es más difícil vivir y trabajar en el medio rural, por lo que hemos propuesto al Estado que realice un esfuerzo para primar a los titulares de explotaciones del sector agrícola”, ha indicado su portavoz Carles Mulet.
El actual sistema de tributación por módulos está permanentemente cuestionado y las noticias que se generan en torno a su supresión están causando un clima de incertidumbre en el sector agrario.
La Federación Española del Vino (FEV) considera preocupante el anuncio realizado hace unos días por el ministro británico de Economía, Phillip Hammond, de aumentar los impuestos al vino en línea con la inflación y cree que esa medida no haría más que empeorar la situación de incertidumbre para las empresas vitivinícolas que operan con el Reino Unido desde que se anunció el Brexit en 2016.
Recientemente ASAJA mantuvo una reunión en la Agencia Tributaria de Zaragoza para tratar de la problemática derivada de los requerimientos de IRPF que muchos agricultores han recibido en los que Hacienda interpreta que los ingresos que éstos perciben por contratos de alfalfa son considerados como arriendos y no como actividad económica.
El Ayuntamiento València bonificará fiscalmente desde el próximo año a los propietarios de aquellas fincas rústicas del término municipal de València que se encuentren cultivadas, según la modificación de las ordenanzas fiscales que ha aprobado hoy la Junta de Gobierno Local.
El Consell Agrari Municipal se encargará de demostrar que la tierra está en explotación y se aplicará entonces una bonificación del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústico, la máxima permitida, según ha concretado el concejal de Hacienda, Ramón Vilar.
