Diferentes estudios han demostrado que la vigilancia y el seguimiento sistemático de SARS-Cov-2  en las aguas residuales puede resultar un método eficaz para detectar posibles brotes de COVID-19 en la población.

Este seguimiento constituye una fuente de información complementaria a la sanitaria para prevenir nuevos brotes de la pandemia. Por ello, AINIA ha ampliado su servicio de análisis de detección de SARS-Cov-2 en superficies y aguas de lavado, a aguas residuales.

El Pleno del Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana para la realización de actividades que fomenten y vertebren el cooperativismo agrolimentario en la Comunitat Valenciana.

La entrada en vigor de las nuevas tarifas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), previstas para finales de este año, dificulta la situación del sector agrícola que deberá apostar por alguna solución de eficiencia energética como es el de la telemedida con objeto de ahorrar hasta un 20% en su factura eléctrica.

L'Ajuntament de la Pobla del Duc ha anunciat l'aprovació del projecte d'una nova depuradora, una infraestructura bàsica amb un pressupost que ascendeix a més de 2,5 milions d'euros.

L'equip de govern ha treballat des de 2016 en l'adquisició dels terrenys necessaris, la compra dels quals es va efectuar en 2018 i a través de diverses reunions amb l EPSAR van verificar i modificar el projecte de la nova infraestructura.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) propone aumentar la regulación hídrica en 16.000 hectómetros cúbicos para luchar contra el cambio climático, tras la aprobación del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros y antes de su remisión como proyecto de ley al Congreso de los Diputados.

Fenacore lamenta que en torno al 85% de las Comunidades de Regantes carezca de las herramientas necesarias para cumplir con la Ley 39/2015, conocida como Ley de la Administración Electrónica, que obliga a tener antes del 2 de octubre un registro digital en el que depositar toda la documentación que se intercambie con los entes públicos.