La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica encara el cierre de la campaña de verano de prevención de incendios con 56 incendios forestales menos con respecto al año pasado, una cifra que se traduce en el mejor dato del histórico por segundo año consecutivo.

En lo que llevamos de año la Comunitat Valenciana ha registrado 169 incendios forestales, frente a los 225 del mismo periodo del año pasado. La cifra, hasta el momento, representa un 25% menos que en 2019 y un 36% inferior si lo comparamos con los datos de los últimos 10 años.

El descenso de la población de nuestros pueblos y la extinción de los oficios tradicionales realizados por sus habitantes, han llevado a los montes a una situación de abandono.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha reunido esta mañana con el diputado de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez, para abordar la convocatoria de redacción de planes locales de prevención de incendios, un programa de nueva creación este año que ha repartido 250.000 euros entre 40 municipios.

El Servicio de Prevención de Incendios Forestales de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ya ha ejecutado el 75% de su presupuesto para este año.

La Diputación de Alicante ayudará a 40 localidades de la provincia a redactar sus planes de prevención de incendios forestales con 250.000 euros. La institución ha aprobado la distribución de este programa de subvenciones, creado por primera vez este año para facilitar a los ayuntamientos el cumplimiento de los requisitos legales que establece la Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana.

La Diputación de Castellón contribuirá a reforzar la seguridad en las zonas forestales de la provincia con una partida presupuestaria de 100.000 euros para la redacción de planes de prevención de incendios. Con la convocatoria ya resuelta, este año serán 20 los municipios menores de 1.000 habitantes los que se beneficiarán de esta ayuda, cuya cuantía oscila entre los 2.000 y los 8.000 euros dependiendo de la superficie de cada término municipal.