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El mecanismo de convergencia de la PAC del MAPA perjudica sobre todo a los profesionales de la ganadería extensiva, arroz y olivar

LA UNIÓ, a través de su organización estatal Unión de Uniones, se ha dirigido por escrito al ministro de Agricultura, Luis Planas, para pedirle una reflexión sobre el mecanismo de convergencia de ayudas PAC aplicable en 2021 y 2022, ya que perjudica a los profesionales de algunos sectores en la Comunitat Valenciana.

La organización, que ya alertó en su día que ponerlo en marcha sin acompañarlo de otros elementos de redistribución de las ayudas era un error, considera que se está generando efectos perversos que ponen en riesgo la viabilidad de muchos agricultores y ganaderos profesionales.

LA UNIÓ critica en este sentido a las Comunidades Autónomas, entre ellas, a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ya que conocieron el proyecto de Real Decreto en septiembre, con todos los datos que necesitaban para prever que esto iba a pasar, y salvo Andalucía y Galicia que apostaban por una convergencia más moderada, ninguna puso pegas y por ello no han hecho de forma adecuada el trabajo previo.

La Conselleria de Agricultura ha informado que el impacto de la convergencia se saldará con la pérdida del 1,4% de los pagos directos en la Comunitat Valenciana, que no hay que olvidar que pertenecen a los actuales beneficiarios y no a la Administración. En este sentido ha enviado una carta a todas aquellas personas que pudieran ser expulsadas del sistema para evitar que pierdan sus ayudas, aspecto al que LA UNIÓ da todo su apoyo. Sin embargo, le recuerda que podrían verse perjudicadas también personas profesionales en la Comunitat Valenciana que incluso podrían llegar a perder hasta el 28% de sus ayudas actuales, sobre todo de los sectores ganaderos en extensivo, arroz y olivar.

En el período de consulta pública sobre el Real Decreto 41/2021 abierto en septiembre pasado, las organizaciones que forman parte de la Unión de Uniones ya alegaron que retomar la senda de la convergencia aisladamente para estos dos años y sin una definición de agricultor activo vinculado a la condición de profesional de la actividad, ni ayudas redistributivas, ni una revisión del resto del esquema de ayudas, podía tener un impacto importante. Ahora numerosas explotaciones profesionales se ven muy perjudicadas, mientras que se beneficiará también a productores no profesionales.

La organización pone el acento en quienes viven de sectores ganaderos lácteos y vacuno de cebo, particularmente para las granjas de montaña a las que se redujo su superficie por el coeficiente de admisibilidad de pastos, así como en explotaciones orientadas a cultivos como arroz o tomate de industria.

Con esta convergencia, según los datos del Ministerio un 56% de los actuales beneficiarios de la PAC incrementaría sus derechos y un 44% sufriría recortes. “Al no introducir elementos que permitan enfocar las ayudas a quienes vivimos de verdad del campo y para amortiguar el efecto de la convergencia a muchos nos han hecho un roto importante, considerando que, de no mediar una rectificación, quedaría además todavía la convergencia del 2022 por delante”, comentan desde LA UNIÓ. La organización ha pedido al Ministro de Agricultura una reflexión sobre ello y que reconsidere la decisión a la vista de las consecuencias que está teniendo la convergencia “a palo seco”.

LA UNIÓ considera que lo que está pasando es una demostración de que la PAC tiene que cambiar y que el Plan Estratégico de la PAC tiene que poner a los beneficiarios el filtro de profesional y combinar todos los instrumentos de reequilibrio de los pagos directos disponibles para un reequilibrio no traumático de los apoyos. “No somos de los que se aprovechan ahora de este error para defender que todo siga igual… nosotros queremos que cambie a mejor para los agricultores y ganaderos profesionales”, recalcan.

Al margen de ello la organización está realizando sus comprobaciones para constatar que el mecanismo de la convergencia se está aplicando correctamente conforme al Reglamento (UE) 2020/2220, que establece las normas para el período transitorio. Para ellos se ha reunido la pasada semana con el FEGA y ha pedido un canal de resolución de dudas con el organismo. “Si esto no se corrige y además tenemos dudas de que se esté aplicando bien, llegaremos hasta donde haga falta para que lo expliquen”, concluyen.