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Generalitat y Diputación de Alicante engrasan la maquinaria jurídica para alegar contra el recorte del trasvase Tajo-Segura

Tanto la Abogacía de la Generalitat como la Diputación de Alicante engrasan la maquinaria judicial para presentar alegaciones a la reducción de facto de las cantidades a trasvasar del Tajo al Segura que ayer aprobó el Consejo de Ministros.

La Abogacía de la Generalitat prepara ya desde hace semanas esas alegaciones para frenar el recorte. "Queremos que se garantice agua para siempre, de calidad a un precio sostenible para mantener la huerta de Europa. Vamos a mantener el diálogo con el Ministerio y con los regantes, pero también estudiamos el nuevo marco jurídico del trasvase para presentar las alegaciones oportunas, dijo ayer el president Ximo Puig en Alicante.

El Consell reitera que ha acudido 38 veces a los tribunales en defensa del trasvase Tajo-Segura desde que Ximo Puig se convirtió en presidente de la Generalitat. De ese número, tres son procesos directos contra el Ejecutivo en los que el Consell ha sido el demandante con un recurso directo contra el Ministerio para defender los intereses de los regantes y, también ha participado otras 35 veces en procedimientos relacionados con otras administraciones, como, por ejemplo, personándose en 25 procedimientos contra Castilla-La Mancha para oponerse a recortes de los caudales que llegan a través de este acueducto. También hay un proceso contra el Ayuntamiento de Toledo y otras nueve veces la Generalitat se ha mostrado a favor de recursos presentados por los regantes o avalando procedimientos con Murcia o Andalucía.

La Diputación de Alicante prepara la maquinaria judicial

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha avanzado hoy en rueda de prensa que ya se ha puesto en marcha “la maquinaria judicial, desde el asesoramiento técnico y jurídico de la Mesa Provincial del Agua, y los primeros informes están en manos de ASAJA y de los miembros de este órgano para poner interponer los recursos correspondientes”. 

El presidente de la Diputación ha detallado las acciones que de manera inmediata emprenderá la institución provincial, junto a los regantes y agricultores alicantinos, ante este Real Decreto que cambia la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura y que, entre otras disposiciones, establece reducir de 38 a 27 hectómetros cúbicos el trasvase mensual. Durante la rueda de prensa, el presidente ha estado acompañado por el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua, el catedrático y director del Instituto del Agua de la UA, Joaquín Melgarejo, y por el presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu.

Mazón ha recordado que la batería de alegaciones y de acciones institucionales y de los sectores productivos alicantinos se sustenta en datos científicos. “No es una pataleta ni una defensa irracional de los derechos de una tierra, que por otro lado es justa, sino de datos de rigor científico y académico, más allá de los valores de solidaridad, justicia, ecología y de evitar el cambio climático que están saltando por los aires con la consumación de la decisión del Gobierno de España”.

Por su parte, Joaquín Melgarejo ha detallado las consecuencias ambientales y económicos que provocará esta medida en los regantes y agricultores de la provincia, que pasarán a recibir de 38 a 27 hm3 en el nivel 2.

Según ha explicado el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, en el decreto aprobado ayer se dice que el cambio en las normas de explotación fue en base a las recomendaciones del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) en 2020, pero hay otros postulados de dicha entidad que el Gobierno ha dejado fuera. 

Para Melgarejo, el CEDEX determinó como recomendaciones en su informe que no se dispusieran medidas hasta que se cerrara el nuevo Plan Hidrológico de Cuenca, ahora en tramitación, un documento en el que también concretaba que cualquier modificación de la regla debería ser parcial y que habría que esperar a la nueva actualización completa de la regla, una vez entrara en vigor el nuevo Plan Hidrológico del Tajo.

“Se ha aprobado este Real Decreto, en contra de las recomendaciones del CEDEX, y resulta injustificado, carente de motivación suficiente, inoportuno, extemporáneo y, por tanto, arbitrario, que es lo que consideramos con esta medida”, ha reprochado Melgarejo, quien además ha apuntado que interfiere en el procedimiento de Planificación Hidrológica en curso y afecta al proceso participativo, “incumpliendo los procesos de transparencia y participación pública”.

“Que en medio de una toma de decisiones tan importante nos establezcan una cuestión que distorsiona las bases estadísticas sobre las que se toman las decisiones repercute en que este proceso se vea en buena medida alterado por una decisión eminentemente política y genere una infracción del principio de legalidad”, ha manifestado.

“Consideramos que la decisión de este Consejo de Ministros es desproporcionada, irrazonable, innecesaria e inadecuada”, hecho que afecta, según ha avanzado el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua, en los volúmenes que se recibirán, entre 13 y 33 hm3, “una horquilla que como merma vamos a sufrir en la cuenca del Segura”.

Económicamente significa que habrá menos caudal para distribuir entre el sector agrario, tal como ha puntualizado, y que, por tanto, se deberá incrementar el agua desalinizada, situación que encarecerá el precio del agua, “pasando de 15 a 60 céntimos por cada m2 y que repercutirá en el coste ambiental, porque producir el agua desalinizada es cinco veces más cara debido a las emisiones de CO2”.

Finalmente, el presidente de ASAJA ha concretado que la primera reacción de los agricultores y regantes alicantinos “es de perplejidad porque no entendemos porque el Gobierno de España y la ministra tienen tanta prisa por adoptar una serie de acuerdos que son gravemente lesivos para la agricultura levantina en el contexto actual de grave crisis sanitaria, que se traduce en una crisis económica y social en la que sectores fundamentales para la economía del país están sufriendo y la agricultura se ha demostrado que es una actividad primordial”.

Asimismo, ha añadido que en Alicante no se puede pensar en hacer agricultura sin agua, “es inviable y hemos un esfuerzo titánico en los últimos 40 años en convertir unas tierras secas y desérticas en un auténtico vergel que nos dan garantía alimentaria a España y al resto de Europa. No hay problema de agua en este año hidrológico, tenemos los embalses a un buen nivel”.

Las acciones que está desarrollando el ministerio para la Transición Ecológica “nos castigan a la agricultura más activa y rentable económica, social y ambientalmente del país y nos aboca al abismo”, ha insistido Andreu, quien también ha querido aclarar que es falso que exista una guerra entre agricultores levantinos y manchegos. “Es el engaño que quiere cometer este Gobierno, que se jacta de ser dialogante pero que no dialoga con los alicantinos. Nuestros compañeros agricultores manchegos ven que en las propuestas del Plan de Cuenca el agua que pretenden quitarnos al Levante español es para tirarla al mar, no es para ellos”.

Tanto Mazón, como Melgarejo y Andreu han avanzado que en septiembre se llevarán a cabo movilizaciones, cuando los datos epidemiológicos mejoren y lo permitan, al tiempo que han hablado de “otoño caliente”, no solo por los procedimientos procesales, jurídicos y judiciales que se desarrollen, sino también por las acciones ecológicas, solidarias y ambientales.