Las restricciones por riesgo de incendios y la fauna reducen un 35% la cosecha de cereal en la Comunitat Valenciana y LA UNIÓ reclama ayudas urgentes
Los productores de cereal de la Comunitat Valenciana han perdido en torno al 35% de la cosecha de esta campaña como consecuencia de las restricciones para realizar la siega durante los episodios de máximo riesgo de incendios forestales, los daños provocados por la fauna silvestre y el incremento de los costes de producción. Ante esta situación, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha solicitado a la Conselleria de Agricultura la creación de una línea extraordinaria de ayudas que compense las pérdidas sufridas por los agricultores.
La organización agraria señala que la activación del nivel 3 del Plan frente al Riesgo de Incendios Forestales impidió cosechar durante numerosos días, lo que provocó pérdidas tanto de producción como de calidad del grano. A ello se sumaron los daños ocasionados por la fauna silvestre y el encarecimiento de insumos como el gasóleo agrícola y los fertilizantes, reduciendo aún más la rentabilidad de las explotaciones.
Además de reclamar apoyo económico, LA UNIÓ insiste en la necesidad de adaptar la normativa que regula el uso de maquinaria agrícola en zonas de influencia forestal. La organización ya trasladó a la Dirección General de Prevención de Incendios una propuesta para compatibilizar la protección frente al fuego con la actividad agraria, permitiendo trabajar en aquellas franjas horarias en las que las condiciones meteorológicas disminuyen significativamente el riesgo, como la madrugada o las primeras horas de la mañana.
En este sentido, la Generalitat ha comunicado a LA UNIÓ que comparte el planteamiento de que "la agricultura profesional es la primera interesada en evitar los incendios forestales" y que estudiará esta propuesta de cara a la campaña de 2027. El objetivo es analizar una posible flexibilización de las restricciones del nivel 3 basándose en parámetros objetivos como la temperatura, la humedad relativa o la velocidad del viento.
El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, defiende que los agricultores son los primeros interesados en preservar el territorio. "Cuando hay riesgo, no queremos trabajar; cuando el riesgo desaparece, queremos poder hacerlo", afirma. Asimismo, recuerda que "un campo cultivado y en producción es también una herramienta fundamental para prevenir los grandes incendios forestales".
Gestión del riesgo basada en criterios técnicos
Para la organización, la experiencia de esta campaña pone de manifiesto la necesidad de evolucionar hacia un modelo de gestión del riesgo más dinámico, sustentado en información meteorológica en tiempo real y en criterios técnicos que distingan entre las diferentes actividades agrícolas mecanizadas, evitando prohibiciones generalizadas cuando las condiciones permiten desarrollar el trabajo con seguridad.
Mientras esas modificaciones normativas no se materializan, LA UNIÓ considera imprescindible habilitar ayudas extraordinarias para los cerealistas, ya que las restricciones de la siega han agravado unas pérdidas ya condicionadas por la presión de la fauna silvestre y las elevadas temperaturas registradas durante la primavera.
Agricultores de las principales comarcas cerealistas denuncian que numerosas parcelas no pudieron cosecharse en el momento óptimo, lo que ha provocado importantes pérdidas económicas e incluso compromete la continuidad de futuras campañas. Uno de los productores afectados explica que "tenemos plantaciones que cuestan unos 3.500 euros por hectárea que se van a morir y por ello necesitamos ayudas".
Peris concluye que "la sociedad no tiene que elegir entre proteger los bosques o proteger a los agricultores. Necesitamos una normativa que haga compatibles ambas cosas y unas ayudas que eviten que las pérdidas recaigan siempre sobre los productores".
LA UNIÓ recuerda, además, que el cereal constituye un cultivo estratégico para numerosas comarcas del interior de la Comunitat Valenciana, zonas especialmente afectadas por el despoblamiento, por lo que considera imprescindible que las administraciones adopten medidas que garanticen la viabilidad de la actividad agraria y eviten un mayor abandono de tierras.
