Un informe sobre la dana del Colegio de Biólogos de la Comunitat Valenciana plantea realojos y reubicaciones de población e infraestructuras
“¿Dejamos que el cambio climático nos adelante o nos adelantamos a él?”. María Diago, decana del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana, apunta la evacuación de los 1.500 vecinos de la localidad gaditana de Grazalema o el desalojo preventivo de las 400 viviendas de Córdoba y algunas localidades aledañas que se inundaron en 2010 y que podrían verse sometidas a un episodio similar. La situación en Andalucía es dramática y despierta la solidaridad de todos. Pero, para los vecinos de la zona sur de Valencia, la DANA de octubre de 2024 fue trágica y no es descartable que se produzcan episodios similares en el futuro. “El desalojo de ciertas zonas es necesario”, sentencia Diago, “la virulencia de los fenómenos atmosféricos salta a la vista”.
¿Cómo adelantar al cambio climático? Descendamos a los datos. El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar en respuesta a la directiva al respecto de la Unión Europea en 2007 detalla que cerca de 100.000 vecinos de la Comunidad Valenciana habitan zonas hoy afectadas por inundaciones con un periodo de retorno igual o inferior a los 10 años, más de un cuarto de millón por eventos con un retorno igual o menor de 100 años y aproximadamente medio millón por episodios con un retorno igual o inferior a los 500 años.
La Memoria del último PATRICOVA, elaborado en 2015, apunta que unas 650.000 personas residen actualmente en zonas inundables, de las que en torno a 200.000 lo hacen en áreas con alta o muy alta peligrosidad. El 12% y cerca del 4% de la actual población valenciana.
El biólogo Ricardo Almenar exclama en su Informe DANA 2024: “¡Doscientas mil personas viviendo en áreas de alta o muy alta peligrosidad de inundación, según las cifras de la Generalitat, y cerca de cien mil afectadas por inundaciones con diez años o menos de retorno! Como respuesta a estas cifras, que son previas a octubre de 2024, no basta ya con la mera prohibición de nuevas edificaciones en las áreas donde esa población reside. Hay que plantearse el realojo de la población asentada en las zonas calificadas de alta y muy alta inundabilidad”.
No sólo hay que desplazar a la población, el mismo Informe DANA defiende la Reestructuración de las actividades económicas (agrarias, industriales y terciarias) desarrolladas en esos espacios; la Readaptación arquitectónica de las distintas edificaciones (residenciales, de carácter productivo, equipamientos sociales, etcétera); la Reubicación de los emplazamientos de los servicios públicos más imprescindibles en esas mismas áreas; el Reajuste del transporte y de la movilidad en su conjunto, reduciéndose el actual parque de vehículos y favoreciendo alternativas a su uso; la Relocalización de infraestructuras en lugares que no impidan el desagüe de las aguas de inundación; y, finalmente, el Replanteamiento urbanístico y territorial de la ocupación humana del suelo.
“Pueden parecer medidas extremas”, explica Diago, “pero no lo son, si algo nos enseña la biología es que sin sostenibilidad ambiental, no hay sostenibilidad social ni sostenibilidad económica. Y el momento de actuar es ahora, no esperemos a la próxima catástrofe”.
