LA UNIÓ pide una ayuda urgente al viñedo de hasta 6.000 euros por viticultor ante el deterioro de la rentabilidad
LA UNIÓ ha reclamado a la Conselleria de Agricultura la puesta en marcha con carácter urgente de una ayuda extraordinaria directa para los viticultores profesionales de la Comunitat Valenciana, con una cuantía de 1.000 euros por explotación más 300 euros por hectárea de viñedo, hasta un máximo de 6.000 euros por beneficiario.
La organización agraria justifica esta petición por el difícil arranque de la actual campaña vitícola, en la que las primeras ofertas de compra se sitúan en algunos casos por debajo de los precios registrados la pasada campaña.
LA UNIÓ advierte de que una nueva campaña con precios insuficientes puede agravar la situación económica de unas explotaciones que ya soportan el incremento de los costes de producción, la volatilidad de los mercados y el impacto acumulado de las adversidades climáticas de los últimos años.
La superficie de viñedo cae un 8,3% en una década
Para LA UNIÓ, la situación no responde únicamente a las circunstancias de una campaña concreta. Los últimos datos oficiales del Registro Vitícola publicados por el Ministerio de Agricultura reflejan que la superficie de viñedo de la Comunitat Valenciana ha pasado de 60.031 hectáreas en 2015 a 55.019 en 2025.
En diez años han desaparecido así 5.012 hectáreas de viñedo, el 8,3% de la superficie existente en 2015.
La organización considera que esta evolución constituye una señal de las dificultades estructurales que atraviesa el sector. La pérdida de viñedo no implica solamente una reducción de la producción agraria, sino también una merma de la actividad económica vinculada a las cooperativas y bodegas, del empleo en las comarcas productoras y de las posibilidades de relevo generacional.
Además, LA UNIÓ destaca el papel que desempeña la viticultura en numerosas zonas del interior valenciano. El mantenimiento de la actividad agraria contribuye a fijar población, conservar el paisaje, proteger el suelo y mantener un territorio cultivado y gestionado frente al riesgo de incendios.
Un precedente en La Rioja
LA UNIÓ recuerda que ya solicitó por escrito a la Conselleria de Agricultura, en diciembre del pasado año, una ayuda extraordinaria para el sector vitícola valenciano ante la pérdida de rentabilidad y el creciente riesgo de abandono de las explotaciones.
Ahora considera que existe además un precedente que demuestra que las comunidades autónomas cuentan con margen para establecer medidas de apoyo con recursos propios. El Gobierno de La Rioja ha aprobado recientemente una ayuda excepcional destinada al mantenimiento de la actividad agraria profesional mediante un sistema de concesión directa y financiada con fondos propios.
La organización agraria no plantea trasladar automáticamente este modelo a la Comunitat Valenciana, sino utilizarlo como referencia para diseñar una respuesta adaptada a las características del sector vitícola valenciano.
“Si La Rioja puede apoyar con fondos propios a sus profesionales agrarios, no entendemos por qué la Generalitat no puede hacer lo mismo con nuestros viticultores”, señala Luis Javier Navarro, vicesecretario general de LA UNIÓ.
Navarro recuerda que la organización lleva meses advirtiendo de la situación y considera que “la Conselleria todavía está a tiempo de dar una respuesta al sector y actuar con rapidez ante las perspectivas de la actual campaña”.
1.000 euros por explotación y 300 por hectárea
La propuesta de LA UNIÓ contempla una ayuda compuesta por una cantidad básica de 1.000 euros por explotación, destinada a compensar parte de los costes estructurales asociados al mantenimiento de una explotación profesional, a la que se sumarían 300 euros por cada hectárea de viñedo, con un límite máximo conjunto de 6.000 euros por beneficiario.
La organización reclama que la línea disponga de presupuesto suficiente para atender a todos los viticultores que cumplan los requisitos y evitar así que se produzcan prorrateos que reduzcan las cantidades previstas o que profesionales que reúnan las condiciones queden excluidos por agotamiento presupuestario.
Asimismo, defiende que los recursos se concentren en los viticultores profesionales, aquellos que ejercen efectivamente la actividad agraria, gestionan directamente sus explotaciones, asumen el riesgo empresarial y dependen económicamente de su continuidad.
Para determinar esta condición propone utilizar criterios objetivos, como ser titular de una explotación prioritaria o estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social por el ejercicio de la actividad agraria.
“No queremos ayudas para abandonar viñedos, sino para que quienes viven de cultivarlos puedan continuar haciéndolo. Los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente a los agricultores profesionales que están todos los días al frente de sus explotaciones y que son quienes mantienen vivo el sector y nuestros pueblos”, afirma Navarro.
Simplificar la tramitación y garantizar la compatibilidad
LA UNIÓ plantea también una simplificación de la tramitación de estas ayudas. En este sentido, considera que la Administración debería utilizar la información de la que ya dispone a través de la Solicitud Única de la PAC, el Registro Vitícola y el resto de registros administrativos, evitando solicitar a los agricultores documentación que ya obra en poder de la Generalitat.
La organización reclama igualmente que la ayuda sea compatible con las ayudas de la PAC, las medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola y otras líneas que tengan una finalidad diferente o complementaria, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa europea.
Para LA UNIÓ, el sector vitícola valenciano necesita una respuesta inmediata, y no únicamente medidas a medio o largo plazo.
“Podemos debatir sobre promoción, reestructuración, comercialización o nuevas estrategias para el sector, pero el primer requisito para poder hacer todo eso es que continúen existiendo viticultores”, concluye Navarro.
La organización advierte de que, si producir uva no permite cubrir los costes y obtener una renta digna, cada vez más agricultores pueden plantearse abandonar el cultivo, acelerando una pérdida de superficie que ya se viene produciendo desde hace una década.
