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Balance Asaja Alicante: El valor económico global de la agricultura en la provincia de Alicante registra una caída del 11%

El ejercicio agrícola 2021 ha sido un año en el que se ha observado una leve mejoría generalizada en los precios en origen percibidos por los agricultores con respecto a los dos años anteriores, pero esto no ha sido suficiente para compensar el lastre que han supuesto dos episodios clave: la desastrosa campaña del limón en la Vega Baja, con unas pérdidas de alrededor de 110 millones de euros respecto al año 2019-2020; y el aumento desmesurado de los costes de producción. Aun así, cabe destacar que, aunque los precios en campo han mejorado, todavía seguimos instalados en una fuerte crisis de precios. 

Con respecto al valor económico de las producciones, en agricultura hemos pasado de 522 millones de euros en 2020 a 464 millones de euros en 2021, lo que supone un descenso del 11%. Una cifra que es más negativa de lo que en un principio pudiera parecer, pues recordemos que veníamos de unas cifras en 2019 especialmente malas, dadas las gravísimas pérdidas que ocasionó la DANA, lo que nos hizo pasar de un valor económico en el año 2018 y anteriores, de en torno a 600-700 millones de euros de media, a los 474 millones de euros del 2019, 521 millones en 2020, y 464 en 2021, con lo que este año nuestro valor económico se vuelve a situar, incluso, por debajo del fatídico año de la DANA 2019, lo que se traduce en un descenso con respecto a nuestra renta media en los últimos 10 años de alrededor de un 15%. 

En cuanto a la superficie cultivada, esta se ha mantenido estable con respecto al 2020, pasando de 129.900 ha a 130.363, lo que supone un incremento tan solo del 0,5%. El dato más flagrante es el de la patata (Tubérculos Consumo Humano), del que caen empicado las plantaciones, un -34%, por el efecto directo de la inestabilidad por el cierre del canal HORECA y la caída del turismo. A pesar del número de arranques en árboles frutales (-0,1%) y en viñedo (-2,2%) de uva de mesa por los bajos precios que venían arrastrando desde 2019, se han incrementado las plantaciones de limón, que pasan de 14.836 ha en 2020 a 16.069 ha en 2021, un 8% más, por lo que, de nuevo, estamos ante una campaña que, al menos, en superficie cultivada (+0,5%), se mantiene gracias al efecto arrastre del limón. En mandarino la producción se mantiene, pasando de 7.512 ha en 2020 a 7.613 en 2021 (+1%); y la de naranjo desciende un -6%, de 10.223 ha en 2020 a 9.575 ha en 2021. 

Costes de producción-Ley de la Cadena Alimentaria

En este último año las continuas subidas de los insumos agrarios han llevado al sector agrícola y ganadero a una situación de crisis insostenible. 

ASAJA Alicante ha denunciado la subida sin precedentes de los costes de producción en la agricultura y la ganadería. La energía eléctrica –necesaria fundamentalmente para extraer el agua de riego– se ha encarecido un 270% y muchas entidades de riego se ven abocadas a renovar sus contratos con las comercializadoras mediante incrementos inasumibles. El gasóleo que usan los tractores y otras máquinas agrarias ha subido un 73%, así como los abonos (+48%), el agua (+33%), los plásticos de invernadero (+46%) o las semillas (+20%). En el apartado de la ganadería, el encarecimiento del 20% de los piensos para alimentación animal lastra la competitividad de las explotaciones. 

Mientras los alimentos experimentan un encarecimiento para los consumidores, al principio de la cadena alimentaria los productores no tienen la capacidad de repercutir la histórica escalada de costes en los precios que perciben. 

“No entendemos por qué la repercusión del aumento de los costes de producción se produce de forma inmediata para el productor y el Ministro de Agricultura, Luis Planas, nos pide paciencia y un margen de uno o dos años para ver los efectos de la nueva Ley de la cadena Alimentaria, que reforma la ley de cadena de 2013, y que incorpora como principal novedad la prohibición de la venta a pérdidas”, lamenta el secretario técnico de ASAJA, Ramón Espinosa.

Situación hídrica

El año se ha caracterizado por la inestabilidad del trasvase Tajo-Segura que genera el permanente cambio en la aplicación de criterios, todos ajenos a las propuestas técnicas de la Comisión Central de Explotación, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. Y es que, desde el mes de enero el ministerio de Ribera no ha dejado de reducir los trasvases de agua al Segura y de incumplir las cantidades que contempla la Ley de Evaluación Ambiental, que recoge los Acuerdos del Memorándum. 

A parte de esto, el año se ha caracterizado por dos decisiones tomadas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica que ponen contra las cuerdas el futuro del Trasvase para regadío, como con: la propuesta, en el marco de las actuaciones para los planes hidrológicos de cuenca, de aumentar gradualmente el caudal ecológico del Tajo durante los seis próximos años y, por otro, modificar la ley del Memorándum en Nivel 2, rebajando los trasvases automáticos de 38 a 27 hectómetros cúbicos, que se llevó a cabo el pasado 27 de julio, cuando finalmente fue aprobado Real Decreto que modifica las reglas del trasvase Tajo-Segura. Un hecho por el que los servicios jurídicos de ASAJA Alicante han interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno central por el que se modifican las reglas de explotación. 

“La situación hídrica en estos momentos es de tranquilidad y estabilidad en las transferencias. Y no gracias al Gobierno de España, si no a la favorable climatología del mes de diciembre, cuando las lluvias y nevadas que sacudieron el centro y norte de España fueron muy beneficiosas para la cabecera del Tajo, cuyos embalses, a día de hoy, almacenan 659 hm3, por lo cual, el acueducto se encuentra en Nivel 2 y, según las nuevas normas de explotación en vigor desde el pasado septiembre, el Gobierno tendrá que trasvasar de forma automática 27 hm3 (antes del mes de julio hubiesen sido 38 hm3), lo que supone la mayor cantidad aprobada en los últimos cuatro meses y, además, coincide con la reapertura del acueducto tras un mes clausurado por las obras en el embalse regulador de la Bujeda”, afirma el presidente de ASAJA, José Vicente Andreu. 

Ganadería

Mención aparte merecen las cifras del sector ganadero que, un año más, son demoledoras. El 2021 iba a ser el año de la recuperación, el año de los beneficios y el año en el que los ganaderos iban a poder recuperar las pérdidas derivadas del 2020, las pérdidas producidas por la pandemia y el cierre del canal HORECA que, como hemos comentado en otras ocasiones, afectaron de forma más contundente al sector ganadero. 

Un ejercicio más tenemos que decir que en todas las explotaciones las pérdidas superan las ganancias. Este año 2021 ha sido un año negro para la ganadería, con un revés en el valor económico que va de 48,2 millones de euros en 2020 a 39,6 millones de euros en 2021, lo que supone un descenso del -18% en el valor de sus producciones. Pero es que, además, el caso de la ganadería es flagrante porque veníamos de un salto en el valor económico de este sector de 75,7 millones de euros en 2019 a 48,2 millones de euros en 2020, motivado por el COVID, lo que ya supuso un descenso del 36% en el valor de sus producciones. 

“Con este balance general, es fácil entender porque el número de explotaciones ganaderas en la provincia de Alicante ha caído en picado, y más que se prevé que caigan en 2022”, lamenta el vicepresidente 2º de ASAJA y responsable de la sectorial Ganadera, Juan Luis Gimeno. 

Movilizaciones

Tanto ASAJA a nivel nacional como a nivel autonómico, provincial y comarcal, ha decidido dar luz verde a un nuevo proceso de movilizaciones bajo el movimiento de #SOSRURAL, que se llevará a cabo durante el próximo invierno y primavera en protesta por la situación de grave crisis de rentabilidad que afecta a la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos y ante los graves ataques de que son objeto. 

Estas protestas, que se intensificaran en las próximas semanas en todos los territorios, son continuación de las que se vienen produciendo en los últimos meses, la última en la provincia de Valencia el pasado 3 de diciembre, y de las que se iniciaron en 2019-2020 y se vieron interrumpidas como consecuencia de la aparición de la pandemia del COVID-19. 

“La brutal subida de los costes de producción y los desequilibrios en la cadena agroalimentaria que impiden percibir unos precios justos en origen y que ponen en peligro la rentabilidad de las explotaciones son argumentos principales de estas protestas, aunque no los únicos. También: los injustos e incomprensibles acuerdos comerciales con países extracomunitarios, la falta del control en fronteras en la UE, la inestabilidad hídrica y la falta de una correcta y adecuada planificación hidrológica en los Planes de Cuenca, que olvidan por completo al regadío y criminalizan al sector agrícola; la PAC y nuevas exigencias medioambientales; las cuestiones sociales y laborales y la contratación de la mano de obra en el campo; la necesidad de adaptar los seguros agrarios, estarán entre nuestras reivindicaciones”, concluye José Vicente Andreu.