La burocracia que expulsa al campo
* Jose Sanchis, director de Agronews Comunitat Valenciana.
El caso del agricultor catalán Pere Puigbert debería hacer reflexionar seriamente a cualquier administración pública que diga defender el medio rural. Un productor de fruta de Ventalló, en Girona, se enfrenta a sanciones que alcanzan los 10.000 euros por algo tan aparentemente sencillo como colocar carteles junto a la carretera para anunciar su agrotienda.
La imagen resulta difícil de explicar a cualquier ciudadano con sentido común. Mientras el discurso político repite hasta la saciedad la necesidad de fijar población en el territorio, apoyar al pequeño agricultor y fomentar el consumo de proximidad, la realidad administrativa parece ir en dirección contraria. Se persigue con dureza a quien intenta sobrevivir vendiendo directamente su producción.
Puigbert no es un gran empresario ni una multinacional agroalimentaria. Es un agricultor de pueblo que lleva décadas trabajando la tierra y tratando de generar actividad económica en una zona rural. Sus carteles no eran pantallas luminosas gigantes ni estructuras invasivas. Eran simples anuncios para indicar dónde se vende fruta de proximidad. Sin embargo, la normativa considera que pueden distraer a los conductores y la sanción aplicada es propia de infracciones de enorme gravedad.
El problema de fondo no es únicamente la multa. El verdadero problema es el modelo de relación que muchas administraciones mantienen con el sector agrario: una combinación asfixiante de burocracia, inspecciones y reglamentos interpretados con una rigidez extrema. El agricultor deja de sentirse acompañado para sentirse vigilado.
Más preocupante todavía es el mensaje que se transmite. ¿Qué incentivo tiene un joven para emprender en el campo si colocar un cartel, reutilizar cajas o vender fruta con defectos estéticos puede convertirse en un expediente sancionador de decenas de miles de euros? El resultado es evidente: abandono, desánimo y cierre de explotaciones familiares.
Europa y las comunidades autónomas hablan constantemente de sostenibilidad, economía circular y lucha contra el desperdicio alimentario. Sin embargo, casos como este chocan frontalmente con esos objetivos. Penalizar la venta de fruta “imperfecta” o el reaprovechamiento de materiales tradicionales demuestra hasta qué punto algunas normativas han perdido el contacto con la realidad cotidiana del campo.
La ley debe existir y cumplirse, por supuesto. Pero gobernar también exige proporcionalidad, sentido común y sensibilidad territorial. Porque cuando la administración convierte en sospechoso al agricultor que intenta ganarse la vida honestamente, el problema ya no es únicamente jurídico. Es político, económico y moral.
