Banco estatal de tierras
* Patricio Simó.
Lo he leído en un medio de comunicación digital y todavía no salgo de mi asombro de cómo, en pleno siglo XXI, algunos partidos siguen haciendo este tipo de propuestas: “Después de intervenir el mercado de la vivienda, lo que ha derivado en una reducción drástica de la oferta y la consiguiente escalada de los precios, Sumar pretende hacer lo mismo con las tierras de cultivo. La intención de la formación de Yolanda Díaz, que en las pasadas elecciones generales apenas obtuvo votos en las áreas rurales, es crear un banco de tierras agrarias estatal “para ponerlas a disposición de jóvenes, cooperativas o pequeños agricultores” y desplegar una batería de medidas para “limitar el acaparamiento de tierras”.
Tras el fracaso de su política en vivienda que ha reducido la oferta habitacional y ha encarecido los alquileres más de un 10%, ahora amenazan con “meterle mano” al campo creando un banco de tierras estatal. Entiendo que este banco público se creará después de expropiar tierras a sus legítimos propietarios. Un nuevo ataque a la propiedad privada en línea con lo que históricamente defienden los regímenes comunistas. No en vano, la propuesta la hacen miembros de Sumar como: Yolanda Díaz, Toni Valero y Enrique Santiago, todos ellos militantes del PCE.
El problema de esta gente es que ni conocen lo que es gestionar una empresa, ni entienden lo más mínimo el mundo rural.
Recuerdo aquella consigna de los movimientos campesinos de los años 30 en España de la “tierra para el que la trabaje” que fue utilizada para promover reformas agrarias, como en México o en España que buscaban transformar la estructura de la propiedad de la tierra, limitando los latifundio, con el fin de buscar un reparto más equitativo de la riqueza.
En Perú, durante el régimen comunista de Juan Velasco se expropiaron tierras para entregarlas a los campesinos. La realidad es que muchas de esas tierras acabaron yermas y nunca volvieron a ser cultivadas. Eran, en su mayoría, plantaciones de algodón. Un amigo mí, peruano, perdió sus plantaciones de algodón y caña de azúcar cuando el régimen de Velasco ordenó la expropiación de todas las propiedades agrícolas. Paradójicamente, hoy la gran revolución agropecuaria está en manos de los pocos agricultores que conservan tierras privadas y exportan uvas de mesa, arándanos, aguacates o espárragos.
Es cierto que la dificultad de acceder a la tierra es un problema real, pero existen otros factores determinantes como son: la falta de relevo generacional –la edad media de los agricultores en España supera los 61 años- o los bajos márgenes del sector. ¿Van a intervenir también los precios, como quieren hacer con los alquileres?
Este modelo de bancos de tierras ya se ha probado en España y en otros países y los resultados han sido más bien discretos. Hoy existen más de 15 bancos de tierras autonómicos o locales en España, por ejemplo, el banco de tierras de Galicia -que en 2023 gestionaba unas 7.300 hectáreas- o el Banc de Terres de València. Sin embargo, su impacto ha sido modesto: en Galicia, el banco apenas representa el 0,25% de la superficie agraria útil, y su actividad se concentra sobre todo en fincas pequeñas, muchas de ellas abandonadas, de difícil acceso o de bajo valor agrícola.
En Francia existe la SAFER, un banco público de tierras, que compra y revende parcelas, pero sin recurrir a la expropiación masiva. Aún así, su impacto también ha sido limitado.
Más que un problema de falta de tierra, lo que tenemos en España es un problema de falta de rentabilidad y de incentivos reales para que los jóvenes se queden en el campo.
