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La Unión de Extremadura asegura que lo último que necesitan los productores de fruta de hueso es un impuesto revolucionario a través de la interprofesional

La Unión de Extremadura asegura que "lo último que necesitan los productores de fruta de hueso es un impuesto revolucionario a través de la interprofesional".

El sector de la fruta dulce, en particular, la de huesos está atravesando por una crisis importante de precios, debido principalmente a la pérdida del mercado ruso y a los márgenes desorbitados de los intermediarios.

Extremadura cuenta con alrededor de 24.110 has de frutales de hueso (melocotón, nectarina, albaricoque, ciruelo y cerezo) de las que recolectamos de media unas 480.000 toneladas de fruta, principalmente para la exportación.

Desde La Unión aseguran que la solución a esta crisis pasa, por un lado, por el arranque de dos variedades de melocotón y nectarina que se solapan en el tiempo y que son las verdaderas responsables del hundimiento del mercado y, por otra parte por el cumplimiento de las leyes de libre competencia y de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria para que intermediarios y especuladores no provoquen un incremento del precio del 800% entre lo que recibe el agricultor y lo que le cuesta a los consumidores.

"Le corresponde a las distintas administraciones el poner en marcha estas medidas para garantizar el futuro del sector y así se lo estamos exigiendo." asegura la organización agraria.

En cambio, aseveran, Asaja, Upa y Coag están presionando al Ministerio de Agricultura para legalizar la Interprofesional de fruta de hueso y poner un impuesto a los fruticultores para gastárselo en lo que mejor les parezca. Proponen aprobar una extensión de norma por lo que todos los fruticultores les paguen a ellos más de 8,5 millones de € en España (en Extremadura correspondería unos 1,5 millones), con la excusa de promocionar el producto.

Ya se está aplicando esta norma en otros sectores como el  del aceite de oliva, aceituna de mesa y vino que actualmente están se están gastando al año 17.142.078 € y el resultado es el hundimiento  de los precios de estos tres productos, por lo que se está demostrando que aplicar un impuesto revolucionario a los agricultores solo sirve para arruinarlos un poco más.

La Unión de Extremadura "no va a permitir que se les robe a los agricultores parte del escaso precio que reciben por sus productos, sin saber el destino de los fondos sustraídos", afirman de forma contundente en un comunicado de prensa.