La Generalitat aprueba una moratoria de 2 años sobre la normativa que limita la pinyolà con los apicultores en pie de guerra
El proyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2021 ha plasmado la moratoria de dos años para la entrada en vigor de las sanciones al sector apícola por el incumplimiento de la normativa que limita la polinización cruzada de los cítricos. El Consell materializa así el acuerdo que la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, y el director general de Agricultura, Roger Llanes, alcanzaron con los apicultores y apicultoras en una reunión celebrada en Ayora el pasado 2 de octubre.
Esta misma semana LA UNIÓ de Llauradors se había reunido con los diferentes grupos parlamentarios de les Corts Valencianes para evitar que se sancionara de forma grave a los apicultores por el incumplimiento de la normativa.
La práctica, conocida como 'pinyolà', obliga a retirar los asentamientos apícolas durante 2 meses en un radio de 4 kilómetros alrededor de las plantaciones que cuenten con variedades híbridas de mandarinos con el fin de garantizar la cosecha y el calibre.
No obstante, la Conselleria de Agricultura ha emplazado a las partes a, en el seno de las entidades agrarias, alcanzar un pacto que conjugue los intereses del sector apícola y citrícola.
La Administración autonómica, por su parte, ha señalado que "trabajará en favor de ampliar progresivamente la actividad apícola en la superficie citrícola, de acuerdo con las precauciones para garantizar la calidad y comercialización de los cítricos".
Protesta de apicultores el viernes
Este anuncio coincide con la protesta ya convocada por el conjunto del sector apícola de la Comunitat Valenciana para el próximo viernes 2 de noviembre, que concluirá precisamente en la Conselleria de Agricultura. Los apicultores acudirán en caravana con sus camiones desde la V31 y la A3 hasta la Ciudad Administrativa 9 d'octubre donde se ubica la Conselleria.
Consideran los apicultores que se les trata como delincuentes y que pretenden tener el mismo trato que el resto de sectores y poder producir miel de azahar en la Comunitat Valenciana. También señalan que son parte imprescindible en la recuperación de la biodiversidad y el medio ambiente.