El presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación crece un 0,2% en 2019
El presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación crece un 0,2% en 2019
Tras el cambio de Gobierno y la consiguiente reestructuración de los departamentos Ministeriales, siempre dentro de los márgenes que permite la Política Agraria Común (PAC) y la situación de los mercados internacionales, se actuará, afirman desde el Ministerio de Hacienda dentro del Proyecto de Presupuestos 2019 y por lo que se refiere al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de producción primaria y mercados agrarios, sanidad de la producción agraria, industria alimentaria y desarrollo rural y política forestal, así como en lo relacionado con la planificación y ejecución de las políticas de pesca marítima y acuicultura, ordenación del sector pesquero, comercialización y transformación de los productos pesqueros e investigación pesquera.
El sector agroalimentario español es prácticamente el 10% de nuestro producto interior bruto; ocupa a más de 2.400.000 personas y determina la vida activa del medio rural. Además, es netamente exportador, produciendo un resultado positivo neto en la balanza comercial de 12.000 millones de euros. Los grandes retos a los que se enfrenta esta política pasan por mejorar la posición de los productores a lo largo de la cadena alimentaria frente a la erosión cada vez más importante de los márgenes de los agricultores, en el marco de unas relaciones más justas y más equilibradas para todos los operadores, reforzando una mayor concentración de la oferta para avanzar en la posición se defina de modo que los apoyos se fijen con criterios objetivos y no discriminatorios.
Los programas presupuestarios de esta política dispondrán de 7.761 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,2 por ciento con respecto a la dotación de 2018, financiándose sobre un 89 por ciento con fondos procedentes de la Unión Europea (FEAGA y FEADER). Como consecuencia de la reciente reorganización administrativa los gastos comunes del antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se han distribuido entre los nuevos Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y para la Transición Ecológica, ocasionando disminuciones en esta política del 18 por ciento en el capítulo de gastos de personal y del 37 por ciento en el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios. La política se estructura en torno a las prioridades que se analizan a continuación.
Desarrollo Rural Sostenible
Los objetivos se centran en las directrices emanadas de la nueva programación europea para el período 2014-2020, siguiendo las pautas marcadas en los ejes que propone el Reglamento (CE) 1305/2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
El primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el periodo 2010-2014 tenía por finalidad la conservación de los patrimonios natural y cultural, y la mejora de las condiciones socioeconómicas, del nivel de vida y del acceso a los servicios públicos de la población rural, instrumentándose mediante la suscripción de convenios con las comunidades autónomas.
En el momento actual hay que intentar, no solo hacer frente al fenómeno de la despoblación, sino integrar de forma más precisa al conjunto de los territorios de España, especialmente aquellas zonas más envejecidas y con mayores diferencias de género.
Así, a través de la política agrícola se pretende preservar y desarrollar un medio rural vivo, dinámico, poblado y generador de riqueza, que ofrezca oportunidades de vida y de trabajo para mujeres y jóvenes.
Para estas actuaciones el Departamento dispondrá en 2019 de créditos por importe de 1.239 millones de euros. Destacan las transferencias a comunidades autónomas y empresas privadas cofinanciadas con fondos europeos y canalizadas, en su mayor parte, a través del FEGA por importe de 1.103 millones de euros y de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal por importe de 105 millones de euros.
Agroalimentación
El objetivo fundamental es orientar las producciones hacia las nuevas demandas de la sociedad y a la actual formulación de la PAC. Asimismo, debe integrarse plenamente en las políticas de desarrollo sostenible, buscando a través de la rentabilidad de las explotaciones, el mantenimiento del medio rural y de la actividad económica en amplias áreas del territorio en las que la agricultura y la ganadería son actividades económicas de importancia vital.
En este sentido, la aprobación de la Ley 13/2013, de fomento e integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario viene impulsando un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimentario y, especialmente, al mantenimiento y desarrollo de la economía del medio rural.
Por otro lado, la industria agroalimentaria es el motor que impulsa la economía agraria, posicionándose como sector estratégico dentro de la economía nacional. La Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural recoge medidas destinadas a la diversificación económica con objeto de fomentar los procesos de integración vertical en la cadena alimentaria, garantizar la consolidación del sector y la aplicación de medidas de identificación de productos y, mediante la mejora de instrumentos de trazabilidad y el reforzamiento de sistemas de control, potenciar la seguridad alimentaria.
Se dedica un programa específico para la prevención de los problemas sanitarios en toda la cadena productiva agraria, ya que se trata de un elemento esencial para la rentabilidad y la competitividad de este sector, que se traduce en un elemento de estabilidad de las producciones, de consolidación de los mercados y de confianza de los consumidores. Sería necesario incidir en dos cuestiones fundamentales, la mejora del sistema europeo de control fitosanitario en frontera en la importación de productos de origen vegetal y el desarrollo de una normativa básica nacional para el control sanitario de la fauna silvestre y de los viveros.
Los objetivos medioambientales de la producción agroalimentaria pasan por la reducción o mitigación de gases de efecto invernadero procedentes de fuentes agrarias y potenciar los sumideros de carbono en los suelos agrícolas. En materia de calidad del aire, es necesario reducir la emisión de gases contaminantes, fundamentalmente amoniaco, y en materia de calidad del agua, fomentar su uso racional evitando la contaminación por nitratos.
Para estas actuaciones el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá en 2019 de créditos por importe de 122 millones de euros. De esta cifra, se dedicarán 50 millones de euros a la calidad de las producciones y los mercados agrícolas, 41 millones de euros a la sanidad de las producciones agrarias y 31 millones de euros a la industria agroalimentaria. Hay que destacar los 15 millones de euros que se dedicarán a ayudas complementarias dentro del marco del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad de Canarias (POSEICAN).
Regadíos
La Política de Regadíos del Gobierno tiene en cuenta, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, económica y territorial, la situación de los mercados, los condicionamientos y limitaciones de la PAC y la eficiencia energética. Para su desarrollo, el Departamento dispondrá en 2019 de 60 millones de euros, de los que 40 millones de euros se dedicarán a inversiones.
Además de las dotaciones reseñadas, también colabora en el desarrollo de la Política de Regadíos la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, que tiene previsto invertir 18 millones de euros en 2019.
Prevención de riesgos en las producciones agrarias
Durante el ejercicio 2019 se pretende facilitar la incorporación de nuevos asegurados, especialmente en aquellas líneas con baja implantación, trabajar en la mejora de la gestión de los seguros y en la información a facilitar al asegurado, revisar los criterios de asignación de subvenciones con el fin de adecuarlos al nuevo sistema de gestión de seguros con coberturas creciente y avanzar en el desarrollo del sistema como instrumento de gestión de riesgos acorde con la PAC.
Para estas actuaciones el Departamento dispondrá en 2019 de 248 millones de euros, de los que 241 millones de euros se destinarán al Plan de Seguros Agrarios.
Regulación de los mercados agrarios
Se trata de instrumentar los mecanismos de intervención de los productos en el marco de los reglamentos y normativas de regulación europea, para adecuar la oferta a la demanda. Se pretende evitar que los precios en origen desciendan por debajo de unos límites que posibiliten niveles de renta adecuados a los sectores productivos y que los precios al consumo superen cotas no deseables, procurando que la oferta se adapte a la demanda.
Las subvenciones a la producción agraria con aportaciones financieras del FEAGA ascenderán a 5.710 millones de euros en 2019.
Política forestal
La política forestal es parte del desarrollo de del medio rural ya que un 54 % de la superficie nacional tiene la consideración de monte o terreno forestal. La estrategia nacional de defensa contra incendios forestales que prestan el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno de España es un refuerzo puesto al servicio de las comunidades autónomas, en una acción del conjunto del Gobierno en la que participan, según datos de la campaña 2018, 73 medios aéreos, 1.000 efectivos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales y, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, la Unidad Militar de Emergencias (UME). En 2019 se destinarán 122 millones de euros para el desarrollo de esta actividad.
