El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso contra la modificación de la Llei de l'Horta impulsada por la Generalitat
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por diputados nacionales del PSOE, Compromís y Podemos contra la modificación de la Llei de l'Horta de València impulsada por el Consell de la Generalitat y que fue convalidada en Les Corts en febrero con los votos del PP y Vox.
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer jueves la decisión del pleno del Tribunal Constitucional adoptada el 27 de mayo de admitir a trámite este recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Congreso contra el decreto ley del Consell que modificó la Llei de l'Horta de València de 2018 y el decreto del Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de l'Horta de 2018.
Los recurrentes consideran que esa modificación va en contra de los derechos constitucionales de protección del medio ambiente, permitirá urbanizar 3.800 hectáreas de huerta, acalla la voz de sindicatos agrícolas y asociaciones al eliminar el Consell de l’Horta y consideran que se ha usado la dana de octubre “como excusa para desproteger la huerta” y favorecer “la especulación”.
El Gobierno valenciano ha justificado estos cambios por la necesidad de abordar "carencias y obstáculos" surgidos desde su aprobación en 2018, que considera que se agravaron por las riadas del pasado 29 de octubre, y para simplificar estructuras, ahorrar costes y evitar duplicidades. Los firmantes del recursos solicitaron medidas cautelares para evitar que se ejecuten obras o recalificaciones de suelo que podrían producir daños irreversibles.
El texto del recurso considera que se vulnera el principio de seguridad jurídica al introducirse modificaciones normativas con efectos estructurales “sin claridad, ni previsibilidad ni debate parlamentario, ya que no solo se altera el ordenamiento jurídico aplicable a l'Horta de Valencia de forma sustantiva, sino que lo hace de forma opaca, repentina, incoherente y sin garantías, generando un entorno jurídico incierto y arbitrario”.
El Gobierno valenciano había justificado estos cambios por la necesidad de abordar “carencias y obstáculos” surgidos desde su aprobación en 2018, que considera que se agravaron por las riadas del pasado 29 de octubre, y para simplificar estructuras, ahorrar costes y evitar duplicidades.
