La Comunitat Valenciana y Andalucía piden activar ya las cláusulas de salvaguarda ante las importaciones de arroz de Camboya y Myanmar
La Comunitat Valenciana y Andalucía han reclamado al Gobierno de España que solicite a la Unión Europea la activación inmediata de las cláusulas de salvaguarda frente a las importaciones de arroz procedentes de Camboya y Myanmar, ante el impacto que están teniendo sobre el mercado y los productores españoles.
La petición se ha formalizado mediante una carta conjunta dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que ambas comunidades autónomas solicitan que se utilicen los mecanismos excepcionales disponibles sin esperar a la entrada en funcionamiento, prevista para 2027, del nuevo sistema automático de salvaguardia.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha trasladado esta posición en Madrid durante la celebración de los consejos consultivos de Política Pesquera y Política Agrícola para Asuntos Comunitarios en el Ministerio de Agricultura.
Barrachina ha advertido del impacto de las importaciones realizadas en condiciones preferenciales y ha defendido que las cláusulas de salvaguarda se activen antes de que el perjuicio para los productores de arroz aumente.
En la carta, la Generalitat y la Junta de Andalucía plantean también otras medidas para mejorar la competitividad del sector arrocero. Entre ellas figuran un etiquetado que permita identificar claramente el país de origen, la aplicación a las importaciones de requisitos ambientales, fitosanitarios y de seguridad alimentaria equivalentes a los exigidos a los productores europeos, una mayor agilidad en la autorización de tratamientos fitosanitarios y el impulso del uso de drones.
Reclaman identificar el origen real del arroz
El conseller ha puesto especial énfasis en la información que recibe el consumidor y ha reclamado que el etiquetado permita conocer dónde se ha producido realmente el arroz.
En este sentido, ha cuestionado que un producto pueda indicar únicamente «envasado en España» cuando el arroz que contiene procede de terceros países.
Barrachina también ha reclamado mayor capacidad de respuesta frente a las plagas y enfermedades que afectan al cultivo y ha señalado las dificultades existentes esta campaña para disponer de determinados tratamientos fitosanitarios.
La Generalitat considera necesario agilizar las autorizaciones de estos productos para que los agricultores puedan actuar frente a los problemas sanitarios que afectan a las plantaciones.
Más días de pesca para la flota mediterránea
La situación de la flota mediterránea también ha formado parte de la posición trasladada por la Comunitat Valenciana durante el Consejo Consultivo de Política Pesquera.
Barrachina ha reiterado la petición de ampliar los días de pesca disponibles para los arrastreros del Mediterráneo y de proporcionar mayor estabilidad a la planificación de la actividad pesquera.
La Generalitat reclama que las condiciones de pesca no tengan que determinarse prácticamente año a año, de manera que las empresas y profesionales puedan conocer con suficiente antelación el marco en el que desarrollarán su actividad.
En este ámbito, la Comunitat Valenciana respalda los avances abordados con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para introducir una mayor flexibilidad en la gestión pesquera del Mediterráneo y adaptar la normativa comunitaria a las características específicas de su flota.
La Generalitat reclama decisiones basadas en criterios científicos
Barrachina ha defendido asimismo que las decisiones relativas al esfuerzo pesquero se adopten a partir de la evidencia científica y de la evolución de los recursos pesqueros.
La Generalitat plantea que los cambios regulatorios cuenten con suficiente estabilidad para que los pescadores puedan planificar sus campañas y sus inversiones.
El conseller ha señalado que la protección de los recursos del Mediterráneo debe compatibilizarse con el mantenimiento de la actividad económica y social vinculada a la pesca en los municipios costeros.
En este contexto, la Comunitat Valenciana reclama un marco regulatorio que permita mantener la actividad de la flota mediterránea y evitar nuevas reducciones de la flota artesanal.
