La Generalitat reclamará a Bruselas activar las salvaguardias frente a las importaciones de arroz de Myanmar y Camboya
La Generalitat Valenciana pedirá al Gobierno de España que solicite ante la Unión Europea la activación de las cláusulas de salvaguarda para proteger al sector arrocero valenciano frente al incremento de las importaciones procedentes de Myanmar y Camboya.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciado esta petición tras reunirse con representantes de las organizaciones profesionales agrarias, Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana y la industria arrocera para analizar la situación del cultivo y la evolución del mercado.
Barrachina trasladará esta reivindicación este miércoles en Madrid durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y ha defendido la necesidad de actuar de forma inmediata, sin esperar a que se active automáticamente el mecanismo de salvaguarda contemplado en la normativa europea.
“Los mecanismos existen y queremos que se utilicen. Si la entrada de producto exterior está causando ya un daño grave a nuestros agricultores, no tiene sentido esperar para reaccionar”, ha señalado el conseller.
Reclaman rebajar el umbral de activación
Barrachina ha recordado que Myanmar y Camboya se benefician del régimen europeo ‘Todo Menos Armas’, que permite la entrada de arroz en el mercado comunitario sin aranceles.
El conseller considera que la apertura comercial debe ir acompañada de mecanismos efectivos de protección cuando se producen distorsiones graves en el mercado y ha cuestionado el umbral establecido para la activación automática de las salvaguardias.
La nueva regulación europea contempla esta activación automática para el arroz procedente de países beneficiarios cuando las importaciones alcanzan aproximadamente las 570.000 toneladas, una cifra que, según la Generalitat, multiplica por cinco la producción de arroz de la Comunitat Valenciana.
Barrachina ha reclamado una reducción “considerable” de este límite para que la herramienta pueda ofrecer una protección efectiva a los productores.
“Este valor no responde a nuestra realidad productiva, siendo necesaria una rebaja considerable para conseguir una protección real del sector arrocero”, ha afirmado.
En este sentido, ha insistido en que España debe utilizar su posición ante las instituciones comunitarias para reclamar la activación de los mecanismos de protección disponibles.
La Generalitat recuerda una reclamación pendiente por los cítricos
El conseller también ha recordado que la Generalitat continúa a la espera de una respuesta del Gobierno de España a una petición formulada este año en relación con las importaciones agrícolas.
En enero, las consellerias de Agricultura e Industria solicitaron que España promoviera ante la Unión Europea la activación de la cláusula de salvaguarda por el impacto de las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica.
“Seguimos esperando respuesta. Nuestros agricultores no pueden depender de la falta de reacción de los ministerios cuando existen instrumentos para defenderlos”, ha señalado Barrachina.
Cambios para mejorar el control del ‘cucat’
Durante la reunión también se ha analizado la incidencia del ‘cucat’ en la actual campaña de arroz. La Comunitat Valenciana dispone de un programa público específico para combatir esta plaga y la Conselleria ha convocado a un grupo de expertos para estudiar la evolución de la campaña y plantear mejoras de cara a la próxima.
El conseller ha puesto asimismo en valor el trabajo desarrollado por el IVIA, que cuenta con una unidad especializada en arroz y trabaja en el desarrollo de variedades más resistentes a plagas, salinidad y sequía, además de investigar fórmulas para incrementar la productividad del cultivo.
Barrachina ha destacado finalmente el valor económico, alimentario y ambiental del sector arrocero, especialmente por su papel en el ecosistema de l’Albufera, y ha asegurado que la Generalitat continuará defendiendo a los productores mediante investigación, sanidad vegetal, promoción y el uso de los instrumentos comerciales disponibles para garantizar unas condiciones de competencia justas.
