La AICA abre expediente sancionador a dos industrias vitícolas de la Comunitat Valenciana por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha abierto 19 expedientes sancionadores, 2 de ellos a empresas con domicilio social en la Comunitat Valenciana, a raíz de las denuncias presentadas en agosto del año 2017 por LA UNIÓ de Llauradors y la Unión de Uniones.
La denuncia formalizada en su día cuestionaba que las bodegas compraran la uva sin la firma del preceptivo contrato de compraventa y se entregaba sin la negociación del precio de la misma, con posibles incumplimientos de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. La apertura de expedientes sancionadores se extiende al conjunto de zonas productoras, pues además de las de la Comunitat Valenciana hay 3 en Madrid; 2 en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Galicia y 1 en Castilla y León y Extremadura.
Según argumenta, la mayor parte de las bodegas españolas empieza a recoger y transformar la uva y no establecen el precio hasta que una reconocida bodega de Castilla La Mancha (Félix Solís) no fija el precio de este producto.
Los 19 expedientes sancionadores acumulan un total de 43 infracciones. Hay un total de 17 empresas, algunas de las cuales acumulan más de un expediente sancionador. 15 de los expedientes sancionadores se han abierto a la industria vitivinícola-bodegas, 3 a la distribución minorista y 1 a la distribución mayorista. Las sanciones son por incumplimiento de los plazos de pago, por incumplimiento de los mínimos establecidos en los contratos alimentarios o por no suministrar la información requerida.
La organización aprovecha para reclamar que las inspecciones no se hagan a petición o denuncia de asociaciones, sino que deberían ser norma común acorde al ratio de las empresas sancionadas que refleja que el incumplimiento de la a Ley de la Cadena Alimentaria está bastante extendido.
