LA UNIÓ Llauradora ha pedido al Gobierno de España que asuma su responsabilidad patrimonial e indemnice con carácter retroactivo a las comunidades de regantes y a las personas profesionales de la agricultura por el incremento de costes soportados desde julio de 2021 hasta la aprobación del reglamento al que le obliga el Tribunal Supremo a desarrollar el contrato de la doble tarifa eléctrica para regadío en 6 meses.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) urge al Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) a aclarar si el sector podrá beneficiarse de la doble potencia eléctrica: una incertidumbre que amenaza con desangrar a los agricultores y que puede hacer inútil la medida, al anular el ahorro que conlleva abaratar la potencia de la luz en los meses de no riego.

LA UNIÓ Llauradora y el resto de las organizaciones que componen la Unión de Uniones ha presentado en estos días sus conclusiones en el recurso contencioso administrativo que tiene interpuesto contra el MITECO por inacción del Gobierno al no haber puesto en marcha el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío aprobado por Ley en 2020. 

Un sondeo de LA UNIÓ de Llauradors entre las comunidades de regantes de la Comunitat Valenciana revela como el precio de la electricidad se ha cuadruplicado en menos de un año y pone en una situación insostenible la viabilidad de muchas de ellas.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte que las facturas de los regantes se han incrementado de forma desmesurada duplicando a las del ejercicio anterior a consecuencia de las subidas de precio en las renovaciones, de forma que una entidad de riego que gastaba 7.700 euros en el mes de junio de 2021, en 2022 ha tenido que pagar 14.500 euros por el uso de la misma cantidad de agua, de los cuales 2.000 euros corresponden al cargo adicional derivado del tope al gas.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) clama contra el sobrecoste económico que añade la medida del ‘tope al gas’ a nuevos contratos energéticos tanto de usuarios domésticos y empresas como de comunidades de regantes y otras entidades del sector agrario, según establece el Real Decreto-ley 10/2022. 

LA UNIÓ de Llauradors ha demandado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) por no cumplir con la regulación del contrato de doble potencia para regadío que tenía previsto en los presupuestos de 2021. El recurso ya ha sido admitido a trámite por parte del Tribunal Supremo.

El Partido Popular ha logrado, en el día de hoy 17 de noviembre, que se apruebe una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados en las que se reclama al Gobierno que “active” de forma urgente la doble facturación eléctrica para el sector agrario así como otras medidas  para evitar incrementos de facturación eléctrica en tanto se aprueba la nueva normativa, apostando además, por la potenciación de la implantación de las energías renovables en el medio rural en general y en la actividad agrícola y ganadera.

LA UNIÓ de Llauradors ha propuesto el establecimiento de nuevas tarifas eléctricas para el sector agrario que permitan adecuar la contratación a las puntas de la estacionalidad del uso de la energía para las comunidades de regantes, SAT’s o para las pymes agroindustriales y cooperativas.