Diversas organizaciones agrarias acusan a Conselleria de dar la espalda a la apicultura
Conselleria de Agricultura vuelve a escoger el camino más fácil y más inútil de todos para intentar prevenir la presencia de semillas en los cítricos híbridos y piensa publicar de nuevo el Acuerdo de polinización cruzada según el borrador remitido, según han denunciado hoy de forma conjunta las organizaciones agrarias LA UNIÓ, COAG, ASAJA Alicante y FEPAC Castellón . Y es que han hecho público que tras la reunión de la mesa sectorial apícola mantenida el pasado lunes, los responsables de Conselleria de Agricultura han decidido de nuevo desterrar las abejas de los campos valencianos.
Estas organizaciones agrarias habían pedido a la Generalitat que diera un paso adelante y que por primera vez en los últimos 30 años dejara de publicar normativas contra la actividad apícola, ya que es patente que las abejas no tienen ninguna culpa de la presencia de las semillas en los cítricos. Reiteran que le han pedido por activa y pasiva que tome medidas directamente sobre el sector de cítricos, ya que es la falta de regulación en las plantaciones lo que ha producido este problema y hay otras medidas paliativas que no han querido tener en cuenta como las mallas y favorecer más la reconversión varietal con especies no productoras de semillas.
Pero el intento ha fracasado y la Generalitat ha impuesto que las abejas, el viento y demás polinizadores no circulen libremente por los campos de la Comunitat Valenciana, ya que según ellos “pastan en campo ajeno”, lo que significa que “es la única Administración de todo el planeta que dice semejante barbaridad y rechaza los efectos beneficiosos de la polinización en las abejas”.
Estas organizaciones profesionales agrarias manifiestan su hartazgo y ven que es totalmente inútil seguir pidiendo que en esta comunidad autónoma impere la razón y no se siga provocando este daño a la apicultura, la biodiversidad y con ello al medio ambiente.
Por ello estudian a través de sus servicios jurídicos la posibilidad de llevar esta normativa absurda ante los tribunales por inconstitucional y a su vez denunciar ante la Comisión Europea la publicación de estas normas abusivas que no tienen ningún sentido y tanto daño hacen a la apicultura que en contraposición desde Bruselas sí se pretende proteger.
