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APROKA y LA UNIÓ denuncian nuevos impagos y renegociaciones de contratos en el caqui

La Asociación de Productores de Kaki (APROKA) y LA UNIÓ de Llauradors han coincidido en denunciar nuevos impagos y renegociaciones de contratos ya firmados, en este caso por parte de una multinacional hortofrutícola importante radicada en Puçol. 

APROKA habla de más de un centenar de agricultores afectados aunque únicamente cinco han optado por la vía del acto de conciliación, primer paso tras el contrato firmado entre las partes. La asociación señala que esta campaña las exigencias para los productores de las empresas son muy elevadas, lo que provoca que si no se aceptan esas condiciones se quede la cosecha sin recolectar.

Por su parte, LA UNIÓ ha denunciado este caso ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, para que inicie los controles e inspecciones requeridos para comprobar si la práctica de la empresa vulnera lo establecido en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Se suma así a anteriores denuncias de este tipo ya presentadas por incumplimientos de contratos en este mismo cultivo. 

La organización desvela que en la primera cláusula del contrato se realiza ahora una modificación del calibre de la fruta a recolectar a la que se obligó la empresa en el contrato. En la tercera cláusula se efectúa, por una parte, una modificación del precio pactado inicialmente que estaba alrededor de los 0,27 euros por kg (más IVA), por lo que existe una reducción de un 73% del precio previsto inicialmente.

Por otra parte, para la fruta que no cumple con un determinado calibre se establece la práctica, supuestamente ilegal, del pago a comercializar, es decir, sin un precio fijo y a expensas de la liquidación de la fruta por parte de la empresa y sin que se informe al vendedor, transparentemente, de los gastos que va a soportar y el margen comercial que va a aplicar la empresa a esa fruta. Esta cláusula podría, supuestamente, ir en contra de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 12/2013 de la Cadena Agroalimentaria.

Por lo que se refiere a la cláusula cuarta del contrato, la empresa denunciada hace una reducción del precio pactado inicialmente para aquella fruta que haya sido recol·lectada, antes de informar al vendedor del contenido de la Adenda al contrato.

A juicio de LA UNIÓ, la empresa denunciada realiza una modificación de lo pactado inicialmente mediante contrato alegando circunstancias del mercado que no podía prever, como es lo habitual por otra parte. La empresa insta al vendedor a la aceptación de las modificaciones del contrato contempladas en la Adenda al mismo, pero en ningún momento informa al vendedor de las consecuencias en el caso de que este último no acepte el contenido de la Adenda.

LA UNIÓ indica que no entiende la situación de la campaña puesto que la previsión de cosecha se situaba en unos parámetros normales tras la catastrófica campaña pasada y la realidad en campo así lo indica. Las estimaciones preveían unos 400 millones de kg, un incremento notable sobre la anterior que tuvo una producción anormalmente baja, pero apenas un 3% superior a la de 2017 que fue de 385 millones de kg. Por tanto, cree que con esa producción bastante normal el hecho de que se pretendan rehacer tratos de compraventa pactados de antemano “suena a excusa barata y carente de justificación”.