Una sentencia condena al Ayuntamiento de Manises por negar la firma de un proyecto a un ingeniero agrónomo
Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Valencia da la razón al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) frente al Ayuntamiento de Manises, quien impidió firmar un proyecto de de reforma interior de un local comercial para un bar restaurante.
Hasta la fecha los ingenieros agrónomos no habían tenido problemas con este tipo de proyectos en ese mismo ayuntamiento, y la paradoja es que ese mismo ingeniero firmó un proyecto muy similar justo a lado de donde se proyectaba la reforma objeto del conflicto hace cuatro años. Entonces, los mismos técnicos no pusieron ninguna pega como sí ahora a través de una resolución del alcalde, Jesús Borràs, con el aval del arquitecto municipal y dos Técnicos de la Administración General, que le impidieron firmarlo.
Competencia de los ingenieros agrónomos
Los servicios jurídicos del COIAL destacan que en todas las vías previas al contencioso se ha aportado justificación suficiente sobre la competencia de los ingenieros agrónomos para este tipo de proyectos, apoyada por abundante jurisprudencia que es constante, clara y pacífica sobre el asunto, pero desde el inicio quedó clara su intención.
En la sentencia, la jueza recuerda, mediante la sentencia de 2012 del TSJ de Madrid, que la Administración Pública “sirve con objetividad los intereses generales y dentro de dicha función se incardina la potestad de otorgamiento de licencias urbanísticas tanto para la realización de obras como para el ejercicio de actividades, la cual tiene un carácter eminentemente reglado sin margen alguno para la arbitrariedad”. También destaca que el artículo 219.1 de la LOTUP dispone que las licencias “se otorgarán o denegarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y del planeamiento, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros”, destacando que “a juicio de esta juzgadora, no concurre motivo que permita vedar a los profesionales con titulación de ingeniero agrónomo la redacción del proyecto necesario para licencias como la de autos, pues de acuerdo a los documentos 13 a 20 de la demanda, se imparte en la carrera universitaria asignaturas relativas a la construcción, proyectos, instalaciones eléctricas e hidráulicas…, que permiten concluir que se cuenta con la capacitación profesional para ese cometido”.
Por el contrario, el Ayuntamiento de Manises alegaba que se trataba de un proyecto para un local destinado a uso residencial -los arquitectos mantienen un monopolio en este tipo de proyectos-, para justificar el veto al ingeniero agrónomo, argumento desmontado por la jueza de forma clara empleando el propio PGOU del municipio. La sentencia estima el recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Manises por ser contraria a Derecho y por tanto la anula.
Baldomero Segura, decano del COIAL y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, lamenta la actitud del Ayuntamiento de Manises: “Les recordamos, mediante una carta dirigida al alcalde, que estaban contraviniendo la normativa y la doctrina jurisprudencial sobre competencias profesionales y que debían revertir la situación, además de advertirles de acciones legales si no rectificaban”. Pero el COIAL solo obtuvo la callada por respuesta, algo que el decano del COIAL considera especialmente grave: “Represento a más de diez mil profesionales, a quienes ha ignorado al no dignarse a contestar la carta”.
En el seno del COIAL también ha dolido “el trato vejatorio dispensado por el equipo técnico municipal: malos modos, falta de educación en el trato, prepotencia y mal estilo. Incluso llegaron a colgar el teléfono a nuestro abogado”, lamenta Segura, quien ha confesado sentir “rubor por el empleo del dinero público y de los recursos de la administración para intentar favorecer los intereses de un colectivo. Es un dispendio que han de pagar los contribuyentes, y es aún más grave si pensamos que sabían que iban a perder”.
La estrategia del Ayuntamiento crea en la práctica un monopolio a favor de los arquitectos, pues según el propio decano indica “se judicializa el asunto para obligar al propietario del local a contratar un arquitecto para firmar el proyecto ante la perspectiva de un conflicto judicial del que no se sabe, en principio, fecha de resolución, además de no tener ningún interés en enfrentarse a quien debe otorgar la licencia”.
Finalmente, Segura ha recordado que esta victoria judicial “no es solo de los ingenieros agrónomos, sino de todos los profesionales de la ingeniería”, pues las intenciones del arquitecto municipal, los Técnicos de la Administración General y en última instancia del alcalde, que es el que firma, era reservar esta actividad en exclusiva para los arquitectos. No obstante apunta que “no se suele llegar a esta situación, ya que, por ejemplo, en el resto de municipios vecinos no tenemos este tipo de problemas”.
