La nueva Ley del Suelo permitirá un planeamiento urbanístico simplificado a los municipios rurales de menos de 1.000 habitantes
El Consell ha aprobado el proyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, una norma que presta una atención específica al medio rural y a los municipios en riesgo de despoblación, que podrán disponer de herramientas urbanísticas adaptadas a su dimensión y necesidades.
La futura ley, que ahora deberá iniciar su tramitación en Les Corts, sustituirá íntegramente al actual Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), con el objetivo de simplificar la normativa, reducir burocracia y aportar mayor seguridad jurídica a las administraciones, ciudadanos y promotores.
Uno de los principales cambios para el medio rural será la posibilidad de que los municipios de menos de 1.000 habitantes y aquellos declarados en riesgo de despoblación utilicen un planeamiento urbanístico simplificado. El Consell vincula esta medida a las políticas de lucha contra el despoblamiento y de búsqueda de una mayor equidad territorial.
La nueva regulación pretende facilitar así la gestión urbanística en los pequeños municipios, donde la tramitación de los instrumentos de planeamiento puede suponer una carga administrativa y técnica especialmente elevada. El proyecto contempla además un procedimiento simplificado para que los municipios puedan adaptar globalmente sus planes generales al nuevo modelo.
Menos burocracia y mayor seguridad jurídica
El proyecto de ley plantea una revisión del sistema urbanístico valenciano para simplificar trámites, eliminar cargas innecesarias y corregir incoherencias acumuladas tras las sucesivas modificaciones de la normativa vigente. También clarifica qué actuaciones requieren licencia urbanística y cuáles pueden ejecutarse mediante declaración responsable.
Entre las novedades figura la creación de una licencia básica o de parámetros esenciales, que permitirá comprobar inicialmente los principales elementos urbanísticos de determinados proyectos y continuar posteriormente con la tramitación sin necesidad de esperar a disponer de toda la documentación técnica.
La norma establece asimismo, con carácter general, un plazo máximo de seis meses para el control ordinario posterior de las declaraciones responsables.
En materia de vivienda, el proyecto establece que los nuevos instrumentos públicos deberán reservar al menos el 50 % de la edificabilidad residencial a vivienda protegida. La futura ley mantiene, al mismo tiempo, la protección del territorio y el respeto al medio ambiente como principios de la ordenación urbanística.
El texto también mantiene la clasificación entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable y establece una definición más precisa del suelo urbano mediante la incorporación expresa del criterio de integración en la malla urbana.
La nueva regulación reorganiza además el planeamiento municipal, de manera que el plan general se centre en la ordenación estructural del municipio, mientras que la ordenación detallada se desarrollará mediante otros instrumentos.
El proyecto incorpora un régimen transitorio para evitar vacíos normativos. Los planes generales actualmente vigentes podrán continuar aplicándose mientras sus determinaciones no sean incompatibles con la nueva ley, mientras que determinados preceptos del actual TRLOTUP mantendrán provisionalmente rango reglamentario hasta que se apruebe el desarrollo normativo correspondiente.
La futura Ley del Suelo también mantiene la Agencia Valenciana de Protección del Territorio como instrumento para la disciplina urbanística, con funciones de coordinación y asistencia a los municipios, lucha contra la edificación ilegal y restauración del territorio afectado.
