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Quemas agrícolas

* Patricio Simó.

La nueva ley de Residuos aprobaba por el Gobierno que prohíbe con carácter general las quemas agrícolas ha creado gran confusión en el sector agrario.

La ley equipara la quema de materiales naturales como la leña o los sarmientos, con otra clase de residuos como los plásticos o los envases, que sí que requieren un tratamiento especial en una planta específica.

Asociaciones agrarias como la Unió de Llauradors han pedido una clarificación de la misma, incluso han llamado a la insumisión en caso de que se apruebe en los términos en que se ha redactado. También Compromís va a presentar en el Congreso y en el Senado distintas iniciativas para evitar que la quema de rastrojos y restos de poda que se produce en las actividades agrícolas pueda ser sancionado, de acuerdo a la nueva ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Los agricultores se enfrentan a sanciones que pueden llegar hasta los 2.000 euros de multa.

Las quemas agrícolas de restos de poda son una práctica habitual entre los agricultores. Los Ayuntamientos cuentan con un calendario de quemas que se prorroga desde octubre hasta el mes de mayo. Durante los meses de verano está prohibida cualquier tipo de quema debido a los riesgos de incendio.

La norma que ha aprobado el Gobierno prohíbe las quemas agrícolas con carácter general, si bien establece excepciones.

El caos ha llegado porque en algunas zonas se ha hecho efectiva la prohibición mientras que en otras sigue estando permitido.

A parte de que la ley es bastante confusa, se ha criticado duramente que no se haya consultado con el sector agrario que es el más afectado.

Los agricultores queman los restos de poda, de acuerdo a un plan de quemas que establecen los propios Ayuntamientos, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y donde se establecen los días, así como las medidas de  precaución que deben cumplirse.

Hace tiempo que los grupos ecologistas van detrás de prohibir las quemas agrícolas, que de aplicarse en los términos que está redactada en la ley va a obligar a los agricultores a tener que triturar los restos de poda. Eso supone subcontratar este servicio o comprar maquinaria para tal fin. En ambos casos un desembolso económico adicional que muchos agricultores no se pueden permitir. 

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