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Fundaciones de referencia en España exigen coordinación entre MAPA y fiscalía ambiental para evitar irregularidades en los pagos de la PAC

La Política Agraria Comunitaria (PAC) es un instrumento clave y necesario para desarrollar un sistema productivo resiliente, competitivo y sostenible. Las explotaciones agrarias para percibir las ayudas y pagos directos en el marco de la PAC han de cumplir una serie de Requisitos Legales y Buenas Condiciones Agroambientales (BCAM) denominada condicionalidad reforzada. Cuatro fundaciones de referencia en el sector medioambiental (Fundación Global Nature, Fundación para la conservación del Quebrantahuesos, Fundación Oso Pardo y Fundación Naturaleza y Hombre) se han unido para trabajar de manera conjunta tras detectar que se está cometiendo un fraude sistémico en relación a estos fondos públicos debido a la existencia de un laxo régimen de penalizaciones y la falta de coordinación administrativa entre fiscalía ambiental y los órganos pagadores y coordinadores de dicho régimen de la PAC.

Por ello, y con el objetivo de mejorar el régimen de penalizaciones de la condicionalidad de la PAC y frenar y detectar esas bolsas de fraude, las cuatro entidades solicitan de forma urgente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que solicite a las CCAA que crucen datos con fiscalía ambiental para el cumplimiento de la condicionalidad reforzada en el PEPAC 23-27. En este contexto, aseguran que estos pasos son necesarios para lograr la verdadera finalidad del régimen de la condicionalidad reforzada, frenar los incumplimientos de la PAC y evitar el fraude de los fondos públicos.
 
Como ejemplo, puede citarse lo sucedido en una CCAA del norte de España, donde apareció un quebrantahuesos envenenado y fue hallada la sustancia tóxica en una explotación ganadera cercana. El propietario de la explotación ganadera cobró aquel año 42.000 € de fondos de la PAC.

En esta línea, las cuatro fundaciones están trabajando para a dar a conocer el problema detectado ante las administraciones públicas y los miembros del Parlamento y la Comisión europeos para identificar el problema y fomentar la implementación de las soluciones técnicas y jurídicas necesarias para frenar la impunidad existente.

Sentencia de Doñana
En este contexto, es importante resaltar que se ha creado un nuevo marco jurídico que posibilita poner fin a estos delitos ambientales y la impunidad que hasta la fecha existía con el robo de agua ilegal en espacios protegidos gracias a la reciente y mediática sentencia del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla.  Se ha condenado a 4 agricultores titulares de una finca de Doñana por la extracción ilegal continuada de agua del acuífero del espacio protegido, con gravísimas consecuencias tanto ambientales como sociales, y cuya acción ilegal ha causado graves daños al patrimonio público, tal y como se detalla con rigurosidad en el texto de la sentencia.

Es este un ejemplo de la demanda conjunta de cruzar datos: estos agricultores sancionados por graves daños al medio ambiente están incumpliendo los Requisitos Legales y BCAM de la condicionalidad de la PAC y es una muestra de que deben establecerse las penalizaciones pertinentes. Por ello, las cuatro entidades insisten en que el órgano pagador y el coordinador debería cruzar datos con fiscalía ambiental y actuar de oficio para establecer las penalizaciones pertinentes, y así se les ha comunicado para que expliquen si en este caso y en otros similares han procedido de esta manera.  

Para estas 4 fundaciones se debería conseguir una PAC que mejore el sector agrícola y ganadero de nuestro país, y que beneficie a quien cumple las buenas prácticas ambientales y los requisitos legales que establece la condicionalidad, a la vez que sanciona adecuadamente a todos aquellos actores que incumplen la legislación ambiental.

En esta misma línea, las asociaciones van a dirigir un escrito al organismo coordinador estatal, Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, para solicitar una reunión de trabajo técnica para mejorar el régimen sancionador de la PAC y lograr en la debida colaboración institucional que se debe entre ambos sectores, la finalidad establecida en este ámbito.