Cocampo cifra en 5.358 las fincas rústicas de Patrimonio del Estado en la Comunitat Valenciana y cuestiona su capacidad para impulsar el relevo agrario
Cocampo ha publicado las fichas informativas de las fincas rústicas del Estado que ha podido identificar a partir de la información pública disponible y ha presentado un informe de su Servicio de Estudios sobre el potencial de estos terrenos para contribuir al relevo generacional en el sector agrario.
El estudio, titulado Las 17.000 fincas del Estado. Radiografía del patrimonio rústico anunciado para favorecer el relevo generacional, analiza 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los que 15.510 aparecen identificados como «PATRIMONIO DEL ESTADO» en el campo «Uso» de la fuente pública consultada.
El subconjunto de 15.510 inmuebles identificados con Patrimonio del Estado está fuertemente concentrado en pocas comunidades: Castilla y León, 5.856; Comunitat Valenciana, 5.358; Aragón, 1.725; Galicia, 1.007. Solo estas cuatro comunidades concentran alrededor del 90% de todos los registros. Por provincias destacan especialmente León, 3.320; Castellón, 2.746; Valencia, 2.495; Segovia, 1.161; Teruel, 845; Zaragoza, 832; y Palencia, 752.
Las fichas pueden consultarse ya en Cocampo. La plataforma recalca que su publicación tiene carácter exclusivamente informativo y que no significa que las propiedades estén actualmente disponibles para su venta, arrendamiento o cesión.
La investigación se presenta casi ocho meses después del anuncio realizado el pasado 14 de enero por el presidente del Gobierno, quien informó de que se analizarían unas 17.000 fincas rústicas del Estado para determinar su aptitud agraria y, cuando procediera, facilitar su acceso preferente a jóvenes, mujeres y nuevos profesionales.
El 76,4% de las fincas tiene menos de una hectárea
El análisis realizado por Cocampo pone de manifiesto el reducido tamaño de buena parte de estos inmuebles. Las 15.510 fincas identificadas como Patrimonio del Estado presentan una superficie mediana de 0,416 hectáreas.
El 76,4% no alcanza una hectárea, mientras que únicamente 176 propiedades llegan a las 10 hectáreas y 40 igualan o superan las 30 hectáreas.
La plataforma advierte, no obstante, de que la superficie no permite por sí sola determinar la utilidad agraria de las fincas. La información pública disponible no ofrece de manera homogénea datos suficientes para conocer cuántos terrenos son agrícolas, forestales, pastos o improductivos, ni tampoco si disponen de regadío efectivo, derechos de agua, suelos adecuados u otras condiciones necesarias para su explotación.
Esta cuestión ya fue planteada por las organizaciones agrarias tras el anuncio del Gobierno. El secretario general de COAG, Miguel Padilla, señaló entonces que si buena parte de las fincas fueran de secano y con escasa aptitud productiva, su utilidad para los agricultores sería limitada.
Un perfil similar al patrimonio rústico que el Estado ha intentado movilizar
El informe también analiza el patrimonio rústico que el Estado ha puesto en el mercado durante la última década a través de anuncios publicados en el BOE.
Cocampo ha reconstruido una base de 11.576 referencias catastrales rústicas distintas. Entre aquellas para las que existe información sobre superficie, la mediana se sitúa en 0,429 hectáreas y el 73,8% no alcanza una hectárea, cifras muy similares a las observadas en la cartera actualmente identificada.
En 8.861 referencias con un precio de salida identificable, la mediana se sitúa en torno a los 780 euros y más de la mitad presenta un precio inferior a 1.000 euros. Cocampo precisa que estas cantidades corresponden al precio de salida y no necesariamente al importe final de la operación.
El análisis del BOE muestra además que 3.409 referencias, el 29,4% del total, aparecen en más de una ocasión en los anuncios estudiados, mientras que más de 1.300 figuran cuatro veces o más. La repetición puede responder a diferentes circunstancias, pero refleja las dificultades existentes para movilizar parte de estos activos.
Cocampo reclama avanzar más allá de la publicación de las fincas
El Gobierno anunció junto al paquete de patrimonio rústico la creación de Tierra Joven, una plataforma destinada a poner en contacto la oferta y la demanda de tierras y mejorar la transparencia del mercado.
El fundador y CEO de Cocampo, Regino Coca, considera que el principal reto no se encuentra en disponer de un escaparate para mostrar las propiedades, sino en conocer previamente su situación y sus posibilidades reales de explotación.
En este sentido, apunta a la necesidad de identificar correctamente los activos, determinar su situación jurídica y agronómica y establecer cuáles pueden incorporarse efectivamente a la actividad agraria.
El Programa de Puesta en Valor 2023-2030 de Patrimonio del Estado ya recoge algunas de las dificultades existentes, entre ellas problemas de identificación de los inmuebles, ocupaciones, mantenimiento, regularización de las propiedades en el Registro y el Catastro y la duración de los procedimientos patrimoniales.
Una aportación al relevo, pero no una solución al acceso a la tierra
El informe considera que la puesta a disposición de los terrenos públicos que realmente presenten aptitud agraria puede contribuir a facilitar el acceso a la tierra de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales.
Sin embargo, Cocampo considera que las características de la cartera identificada y la información todavía pendiente de conocer limitan su capacidad para resolver por sí sola el problema estructural del acceso a la tierra.
Entre las medidas planteadas figuran mejorar la identificación de las propiedades, actualizar las titularidades, reforzar la coordinación entre Registro y Catastro y favorecer, cuando sea necesario, la agregación de pequeñas parcelas para configurar unidades con una dimensión económicamente viable.
De esta forma, el informe sitúa el reto no solo en poner a disposición los terrenos públicos, sino también en determinar cuáles presentan condiciones reales para incorporarse a la actividad agraria y facilitar su posterior movilización.
