Miguel Barrachina: "La simplificación administrativa es objetivo prioritario para mejorar la competitividad del sector primario en la Comunitat Valenciana”
La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, dirigida por Miguel Barrachina, ha reafirmado su compromiso con la reducción de la burocracia y la simplificación de los procedimientos administrativos en beneficio del sector primario de la Comunitat Valenciana.
El conseller ha destacado que "la simplificación administrativa es fundamental para garantizar que agricultores, ganaderos y pescadores puedan centrarse en su actividad productiva sin verse ahogados por trámites innecesarios".
Así se ha manifestado el conseller tras mantener un encuentro con el decano y el secretario Técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, Joaquim Aguilella y José Carbonell, junto con representantes de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Durante la reunión, ambas partes han manifestado su compromiso de seguir colaborando estrechamente para avanzar en la simplificación de los trámites administrativos en el ámbito agrario.
Miguel Barrachina ha recordado que con la Ley de Simplificación Administrativa “se agilizan las tramitaciones de licencias ambientales y se reducen los costes económicos de las explotaciones ganaderas en la Comunitat Valenciana”.
En este sentido, ha destacado las medidas impulsadas por la Conselleria de Agricultura, como la implementación de un sistema de envío de SMS para informar a los beneficiarios sobre las ayudas directas; la aplicación del método de costes simplificados en las órdenes de bases para facilitar las solicitudes; la incorporación del sistema de declaración responsable en las solicitudes de ayudas; y la eliminación de la burocracia en las ayudas directas del Decreto-Ley de la sequía.
Asimismo, ha incidido en el texto aprobado el 28 de noviembre en Les Corts Valencianes, que deroga la Ley 2/1989 de Evaluación Ambiental y el Decreto 162/1990 del Consell de la Generalitat por el que se aprobaba el Reglamento de la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental.
Al suprimir la coexistencia de la Ley Autonómica 2/1989 y la Ley Nacional 21/2013 de Evaluación Ambiental, se evitan dudas interpretativas y dificultades en la tramitación y se homologan los trámites al resto del territorio nacional.
De este modo, el conseller ha destacado que "se acaba con la desventaja que afectaba a la ganadería de nuestra comunidad frente a otras regiones, al aplicar exclusivamente la normativa estatal en autorizaciones ambientales. Esto permitirá mejorar la competitividad entre territorios, eliminando las barreras autonómicas adicionales".
