AVA y LA UNIÓ discrepan sobre la Ley de l’Horta aprobada hoy en les Corts
La Ley de l’Horta, aprobada hoy por les Corts Valencianes, mantiene las discrepancias entre las dos principales Organizaciones Profesionales Agrarias de la Comunitat Valenciana que han hecho una valoración por separado a través de notas de prensa.
Para AVA-ASAJA, a pesar de introducir algunos de los cambios reclamados, continúa sin ofrecer suficientes garantías a los productores agrarios y es demasiado intervencionista en su concepción, al tiempo que deja sin resolver muchas incógnitas en aspectos básicos que atañen a la gestión de las explotaciones.
Por su parte LA UNIÓ considera que es un buen punto de partida para garantizar una actividad agraria profesional y rentable con agricultores y contiene la mayor parte de las aportaciones efectuadas desde que el proyecto de ley entró en la cámara autonómica para su tramitación y que se suman a las ya realizadas en los trámites previos.
AVA lamenta que el texto legislativo nazca sin presupuesto, lo cual impide conocer y concretar la ambición y el alcance real de un proyecto que si no se dota de los fondos necesarios podría verse reducido a una mera declaración de intenciones o a un simple brindis al sol. En este punto LA UNIÓ señala que ya existen partidas dentro de los presupuestos de la Generalitat para este año con objeto de poner en marcha la Ley e insiste en que es muy importante dotarla de los recursos económicos suficientes para que sea útil.
La ley incluye para AVA bastantes restricciones y limitaciones para la actividad agrícola y, en este sentido, adolece de una voluntad excesivamente intervencionista al arrogarse competencias en la gestión de las parcelas que deberían corresponder por entero a los agricultores. Sobre este punto, el proyecto genera múltiples dudas y no termina ni de aclarar ni de resolver asuntos tan cruciales como la posibilidad de realizar cambios de cultivo, la construcción o ampliación de edificaciones agrarias: invernaderos o lavaderos de chufa, las actuaciones sobre los llamados "enclaves de recuperación" o la concreción de quiénes serán los posibles beneficiarios de las ayudas que puedan ponerse en marcha.
En contraposición a esto, LA UNIÓ indica que la Ley reconoce la necesidad de que los agricultores y ganaderos profesionales puedan tener ayudas adicionales para desarrollar su actividad en un espacio protegido y facilita la gestión de las tierras, mejorando la dimensión y la incorporación de jóvenes. La Ley permite también la libertad de empresa pues cada persona podrá plantar lo que quiera y por tanto no discrimina ningún tipo de agricultura, se podrá utilizar agricultura convencional o ecológica y elegir la que se considere más conveniente. La Ley facilitará la recuperación de los campos abandonados y así se evitarán la infestación de plagas y enfermedades a los campos cuidados. No prohíbe tampoco la Ley la construcción por ejemplo de almacenes o lavaderos o secadores de chufa.
Ambas organizaciones sí coinciden en que determinados aspectos que resultaban especialmente lesivos para los intereses de los agricultores han sido eliminados o modificados atendiendo las peticiones formuladas al respecto por ellas. El más importante es el concepto de "pérdida de rentabilidad" que se ha introducido como excepción a la hora de que una parcela pueda ser catalogada como "suelo agrario infrautilizado", o a que entre los objetivos de la ley se hayan incorporado la defensa de los valores agrarios y la necesidad de promover la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones, así como que el texto aluda, entre los compromisos de los deberes públicos, a la protección de la actividad agraria mediante medidas incentivadoras dirigidas a mejorar su rentabilidad.
Otra cuestión coincidente es la entrada de la conselleria de Agricultura, que se encargará del diseño del futuro plan agrario de la huerta, cuando hasta ahora y sorprendentemente, la única conselleria que había participado en la elaboración de una ley de tanta envergadura y con tantas implicaciones sociales y económicas había sido la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. También se ha recogido la petición de AVA-ASAJA para que el plan de acción territorial y el plan agrario se presenten de manera conjunta y al mismo tiempo junto a la dotación presupuestaria correspondiente.
LA UNIÓ critica que la composición del órgano ejecutivo de la Ley, establecido en su artículo 42, deje en manos de las Administraciones Públicas (Generalitat, Ayuntamientos, Mancomunidades, etc) de turno decisiones importantes que podrían afectar negativamente a l’Horta, al otorgarles el 50% de la representatividad en el órgano ejecutivo.
