LA UNIÓ valora las medidas anunciadas por el Gobierno, pero las considera insuficientes, complejas y poco contundentes
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, ante las medidas anunciadas ayer por el Consejo de ministros, cree en una primera valoración que éstas son necesarias, pero insuficientes y un mero parche que no responde a lo que vive el sector agrario y ganadero de la Comunitat Valenciana.
La organización se felicita, por un lado, de que el Gobierno haya decidido mantener el descuento en el combustible para varios sectores, entre ellos el agrario, pero cuestiona que sea solo para el utilizado este año e insiste en la necesidad de un gasóleo agrícola profesional con la mínima fiscalidad posible, tal y como viene reclamando en distintas ocasiones.
En la misma línea, con respecto a la reducción del IVA de los alimentos, cree que el Gobierno, de nuevo, se ha quedado en la superficie y ha puesto un parche, muy vendible a los medios de comunicación, pero que, si bien es positivo a priori para los consumidores, no actúa sobre uno de los principales orígenes del incremento de precio de los alimentos, que es el incremento de los costes de producción en el sector agrario. Desde LA UNIÓ se viene reclamando que se reduzca el IVA de los principales inputs para la producción agraria, como los fertilizantes y los piensos, de cara a mejorar el precio final al consumidor, pero también la situación de los agricultores y ganaderos, ya que éstos no habrían percibido un aumento de precio de sus productos proporcional a lo que han subido sus costes de producción. “Está muy bien reducir el IVA, pero hay que hacer un seguimiento exhaustivo de que esa reducción se mantenga realmente y no se vuelva contra el consumidor y a favor de la distribución”, comentan. “Además, se han quedado fuera la carne y el pescado, alimentos básicos también y necesarios para una dieta equilibrada”, añaden.
La organización señala que para poder minimizar realmente el impacto de los costes de producción en el sector en esta y próximas crisis similares, lo que se debe hacer es atreverse a terminar con los desequilibrios en la cadena alimentaria, definir en la ley lo que es posición de dominio y poder de negociación, así como ajustar que el valor que se genera en la cadena se reparta de forma justa entre todos los agentes.
Ayudas directas a los fertilizantes
A través de este RD-ley el gobierno pone en marcha también una ayuda directa que podría ser de hasta 22 euros por hectárea en secano y 55 en regadío para tierras de cultivo y cultivos permanentes, sin embargo, con los datos del propio Ministerio de Agricultura en su Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos – ESYRCE -, todo parece indicar que con sólo 300 millones no se van a alcanzar los importes máximos previstos por lo que la medida, a juicio de LA UNIÓ, nace insuficiente desde el principio. En este sentido, la organización reclama una priorización del agricultor profesional, que es quien realmente depende de sus ingresos agrarios para subsistir y el que más se ve afectado por la subida de los costes. Además, estas ayudas a fertilizantes se vinculan a la ayuda a la PAC de 2022 y en la Comunitat Valenciana hay productores profesionales que no tienen acceso a las ayudas de la PAC como los de hortalizas o frutales y no podrán pedirlas, por tanto, es injusto que se condicione la ayuda de este modo. También debes tener 3,63 hectáreas en regadío o 9 en secano para acceder.
Carne y ganadería, las grandes olvidadas
LA UNIÓ lamenta que no se tenga en consideración el aumento de los piensos y que tampoco se considere la carne como alimento al que reducir el IVA cuando es salud para una dieta rica y equilibrada. “Parece que preocupa que unos sectores activistas pongan el grito en el cielo, no que se ayude completamente al consumidor”, comentan. “Ya sabemos que, aunque a Sánchez le guste un buen chuletón no legisla para que se lo pueda comer”, añaden. La organización insiste en que durante este año han sido muchas las explotaciones ganaderas que han decidido cerrar porque no conseguían cubrir costes, por el fuerte incremento y por las disfunciones de la cadena alimentaria. La organización estatal donde se incluye LA UNIÓ, Unión de Uniones, propuso en enmiendas la habilitación de un fondo anticrisis y que este lo cuantificaba en 1.000 millones, por lo que cree que los 300 anunciados, a priori, se quedarían cortos con la realidad del sector, incluso con las ayudas al sector lácteo y a los sectores ganaderos de anteriores Reales Decretos-ley, que desde la organización ya se criticó como totalmente insuficientes para paliar los efectos de la subida del pienso y del resto de costes.
