El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto-ley que incluye un potente paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entre ellas se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70 % del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, ha solicitado a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que habilite una partida extraordinaria para trabajos de restauración posincendio en la zona afectada por el incendio forestal de Villanueva de Viver.

El Consejo de Ministros ha acordado hoy, 31 de enero, la autorización del pago de 300 millones de euros en ayudas a los titulares de explotaciones agrarias en compensación por la subida del precio de los fertilizantes acumulada en los últimos meses.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio del Interior, ha aprobado hoy dos reales decretos que determinan, por un lado, los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI) de las demarcaciones intercomunitarias del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla, y, por otro, de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.

 El Gobierno formado por el PSOE y Unidas Podemos, en una respuesta a una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, respecto a la interpretación de la enrevesada nueva normativa sobre permisividad de quemas agrícolas, reconoce que todavía no ha analizado esta modificación ( impuesta por el PSOE en el Senado en noviembre) y que solamente después de este supuesto “ se valorará la necesidad de publicar una nota interpretativa al respecto por

La letra pequeña de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para compensar el encarecimiento sin precedentes de los fertilizantes trae sorpresas para el campo valenciano, y no precisamente buenas. Según un estudio técnico elaborado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), más del 70% de los titulares de explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana se quedan fuera de estas ayudas, es decir, más de 70.000 personas de los 100.200 que constan en el Censo Agrario.

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, ante las medidas anunciadas ayer por el Consejo de ministros, cree en una primera valoración que éstas son necesarias, pero insuficientes y un mero parche que no responde a lo que vive el sector agrario y ganadero de la Comunitat Valenciana.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) considera “positivas y bienvenidas” todas las ayudas anunciadas por el Gobierno para aliviar parte de los sobrecostes que los agricultores y ganaderos están soportando, debido al encarecimiento sin precedentes de los fertilizantes y el gasóleo agrícola, pero echa en falta rebajas en materia energética dirigidas a abaratar los costes del riego de las explotaciones que requieren bombeos eléctricos para elevar las aguas subterráneas a la superficie.

El Gobierno destinará ayudas directas por valor de 660 millones de euros para que agricultores, ganaderos y pescadores puedan hacer frente al incremento de los precios energéticos, como consecuencia de la guerra de Rusia en Ucrania, que han ocasionado mayores costes de producción debido al encarecimiento de los fertilizantes y del gasóleo agrícola y pesquero.

Los agricultores y ganaderos españoles podrán acogerse a deducciones en el rendimiento neto del Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF) por la adquisición de gasóleo agrícola y de fertilizantes, como medida excepcional para paliar los efectos del encarecimiento de los costes de producción.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) considera “insuficientes” las medidas fiscales dirigidas al sector agrario que hoy ha aprobado el Ministerio de Hacienda mediante la Orden HFP/1172/2022.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida este jueves por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acordado la distribución de 5.786.404,69 euros a la Comunitat Valenciana para la financiación de distintos programas agrícolas y ganaderos.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un paquete legislativo compuesto por tres reales decretos destinados a apoyar la actividad de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, en el marco de aplicación de la Política Agraria Común (PAC).

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha presentado los datos actualizados de las inversiones que recibe la Comunitat Valenciana de los Fondos Next Generation que suponen que “cada habitante de la Comunitat Valenciana perciba 733€ procedentes de estos fondos europeos”. Los Next Generation “ya alcanzan una inversión de más de 3.700M€ para esta comunidad”, ha anunciado Bernabé. La delegada ha destacado, además, que, en línea con las demandas de la Generalitat Valenciana, “la Comunitat ha recibido de una cuantía que está por encima del peso poblacional”.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), un real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales de mínimis destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril, ocurridas el pasado mes de abril.

ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados), ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) y ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) han expresado tras la reunión mantenida con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, que comparten con el Gobierno la preocupación por la situación de los precios de los alimentos y han solicitado su apoyo a las medidas que vienen proponiendo ahora las administraciones en los últimos meses.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja, que desde el pasado 12 de junio han sufrido en total 119 incendios forestales.

La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha denunciado esta mañana la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de reducir “de forma totalmente arbitraria e injusta” a 10 hectómetros cúbicos el trasvase Tajo-Segura, reservando sólo 2,5hm3 para regadío.

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado hoy, 25 de junio, ha aprobado un nuevo paquete de medidas de apoyo para el sector agrícola, ganadero, pesquero y acuícola valorado en 72 millones de euros y enmarcado en el Real Decreto-Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España, con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de éstos. Durante el año 2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona, lo que traducido en términos económicos suponen la pérdida de 250 euros por persona.