La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que algunos agricultores, entre ellos su secretario general, Carles Peris, están recibiendo en los últimos días propuestas de sanciones por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana por participar en la protesta conjunta de todas las organizaciones profesionales agrarias del pasado 22 de febrero en el Port de València, tal y como ya sucedió con las tractoradas de la provincia de Alicante.

Los servicios jurídicos de la Unió Llauradora i Ramadera presentarán alegaciones ante las sanciones que los agricultores y ganaderos de la provincia de Alicante han recibido por participar en las tractoradas convocadas durante el pasado mes de febrero en protesta por la situación del sector agrario.

La Unió Llauradora i Ramadera informa que numerosos agricultores y ganaderos de la provincia de Alicante están recibiendo en los últimos días sanciones por participar en las tractoradas convocadas en protesta por la situación del sector agrario.

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto que establece disposiciones específicas para la tramitación y resolución de procedimientos sancionadores en materia de sanidad vegetal y de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos en la Comunitat Valenciana.

La Agencia de Información y Control Alimentarios acaba de publicar las de sanciones firmes en vía administrativa y/o judicial, del último trimestre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 bis de la ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pide eliminar el doble perjuicio que supone para agricultores y ganaderos tener que hacer frente a sanciones por condicionalidad y por otras normas aplicables para los mismos incumplimientos y que, hasta el momento, está reflejado en el proyecto de Ley de Gestión de la PAC.

"No cobrarán la PAC los que hayan sido sancionados por regar ilegalmente", esta es la pregunta que hoy responde la abogada especilista en temas agrarios, Celia Miravalles.

La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) ha presentado hoy  en la reunión de su Consejo Asesor el informe correspondiente al primer semestre del año 2022, en el que se recoge que ha realizado un total de 354 inspecciones de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena. En este periodo ha recibido 9 denuncias por presuntos incumplimientos y ha impuesto 95 sanciones.

El director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), José Miguel Herrero, ha desgranado en el 24º Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas  los ejes de la Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario, recientemente aprobada en Consejo de Ministros. Herrero ha destacado que la normativa “pretende dar valor a los alimentos, marcar unas obligaciones mínimas para que las empresas tengan planes para prevenir las pérdidas y fomentar la jerarquía de prioridades a la hora de revalorizarlos”. 

La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. (DIA) contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 15 de abril de 2020, que confirmó la resolución del Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de julio de 2017, que estableció una sanción de 6,8 millones de euros a dicha sociedad por la comisión de 86 infracciones graves en materia de contratación alimentaria.

LA UNIÓ considera que las sanciones impuestas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria tienen un débil efecto desincentivador teniendo en cuenta que su importe no es elevado y que las de mayor cuantía están pendientes de pago por haberse recurrido.

 La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) contará en 2021 con 8,3 millones de euros (un 32 % más) para reforzar sus labores de control del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) manifiesta su “sorpresa y estupefacción” ante el anuncio de amenazas de sanciones económicas y penalizaciones de ayudas dirigidas a los agricultores porque “criminalizan a la víctima, puesto que los actos supuestamente punibles son consecuencia directa de la incapacidad de las propias administraciones para resolver los problemas del sector y garantizarles una rentabilidad digna”.

Las asociaciones profesionales no están de acuerdo con las limitaciones que impone el acuerdo conocido como la `pinyolà´ o, lo que es lo mismo, para evitar la polinización cruzada de cítricos que impiden la instalación de colmenas en muchas áreas agrícolas, y que perjudica gravemente a la actividad apícola en la Comunitat Valenciana, no existiendo ninguna regulación similar para aquellos apicultores que se dedican a la producción de miel de azahar en el resto de España.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha impuesto, en el primer semestre del año, un total de 257 sanciones por un valor cercano a 323.000 euros, según el Informe de Actividad Inspectora y de control de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) presentado hoy.