Los micropueblos descubren en los proyectos renovables una vía para disparar sus ingresos
En un contexto en el que el retorno económico de las renovables se ha convertido en un eje central del debate rural, muchas propuestas para impulsarlas se centran en crear nuevos instrumentos fiscales o fórmulas extraordinarias para garantizar beneficios al territorio. Sin embargo, los micropueblos, aquellos con menos de 300 habitantes, pueden llegar a multiplicar hasta por siete los ingresos municipales derivados de proyectos de energías renovables utilizando exclusivamente herramientas fiscales que ya existen en la legislación actual, según un análisis realizado por Renovem-nos, entidad formada por expertos y académicos vinculados al ámbito de la transición energética en Catalunya.
El objetivo del informe es ayudar a maximizar los ingresos de los micropueblos con las herramientas fiscales actuales, para asegurar un retorno económico estable que permita financiar servicios, infraestructuras y desarrollo local, y convertir las energías renovables en una oportunidad real para resolver déficits estructurales históricos. Desde un enfoque de justicia territorial, el informe defiende que los territorios que asumen estas infraestructuras deben obtener un retorno económico real que contribuya a reforzar su viabilidad social, económica y demográfica.
El análisis identifica que el margen de mejora está en la correcta aplicación de figuras ya existentes como el ICIO, el IBI específico para grandes instalaciones, el IAE y las tasas por aprovechamiento del dominio público. La principal conclusión es que el problema no es la ausencia de mecanismos legales, sino el infrauso de los márgenes fiscales que la normativa ya permite a los ayuntamientos.
“La mayoría de los pequeños municipios se sitúan de forma sistemática en la banda baja de los tipos impositivos permitidos por ley. Esta práctica, heredada de una tradición de baja presión fiscal para atraer actividad económica, limita de forma directa los beneficios reales que dejan los proyectos en el territorio”, explica Enric Pardo, portavoz de la entidad y uno de los autores del estudio.
Siete veces más de beneficio
Como referencia concreta, el informe analiza el caso de una planta fotovoltaica de 10 megavatios de potencia. En un escenario de fiscalidad mínima, el municipio obtendría alrededor de 35.500 euros anuales en ingresos recurrentes.
Aplicando los tipos máximos permitidos por la ley y utilizando correctamente las tasas existentes, esa cifra puede alcanzar aproximadamente los 254.300 euros al año. A lo largo de la vida útil del proyecto, la diferencia puede suponer más de seis millones de euros adicionales para el municipio.
Un modelo más justo para los pueblos
Desde Renovemnos señalan que el planteamiento ha sido compartido tanto con asociaciones de micropueblos como con entidades municipalistas y representantes del sector renovable, que coinciden en la necesidad de marcos fiscales claros y previsibles para dar seguridad a los proyectos. “Lo que buscamos es establecer reglas claras, estables y justas desde el principio”, señala Pardo.
Los autores esperan que el análisis sirva como una hoja de ruta práctica para que los pequeños municipios se preparen con antelación ante la llegada de proyectos renovables, utilizando herramientas fiscales legales, transparentes y estables que permitan transformar estas instalaciones en una oportunidad económica real para el territorio. Porque, para la entidad, la transición energética solo será sostenible si también genera beneficios directos y medibles para los pueblos que la hacen posible.
