Un informe de COAG de la uva de mesa revela el predominio murciano en detrimento de la Comunitat Valenciana
COAG ha presentado, recientemente, el primer estudio realizado en España sobre los efectos del nuevo orden económico mundial en el modelo social y familiar de agricultura. “Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone, España camina hacia una agricultura sin agricultores”, ha sentenciado Miguel Blanco. La brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias, aseguran desde la organización agraria.
Uno de los sectores analizados es el de la uva de mesa, donde la concentración empresarial fuerza la desaparición de los agricultores.
Según el Anuario de Estadística del MAPA, en España se cultivaron 13.903 ha de uva de mesa en 2018. La principal zona productora es Murcia con 6.364 ha, el 46% del total nacional, seguida de la Comunidad Valenciana (5.271 ha y el 38%), básicamente Alicante, y Andalucía (1.592 ha, 11%). Sin embargo, el predominio murciano es reciente. En 2010, la Comunidad Valenciana ostentaba el primer puesto con el 46% del área en producción, seguido por Murcia con el 31% y Andalucía con el 18%. El declive de Alicante y de las zonas andaluzas de producción, junto con el incremento de hectáreas en Murcia ha supuesto este cambio. El dato es mucho más significativo en producción o en exportación. Murcia ya representa el 66% en toneladas producidas o el 68% en las exportadas del total nacional, con un incremento productivo desde 2010 del 75% y del 30% desde 2014 en los envíos al exterior.
Esta situación trae aparejada la creciente prevalencia de un modelo productivo en el sector, si atendemos a la caracterización de las dos principales zonas de producción. En Alicante presenta gran relevancia la uva embolsada (la DO de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó ampara alrededor del 70% de la producción), las variedades más tradicionales y algo más tardías, con un mayor enfoque al destino nacional y un perfil de productores más heterogéneo y menos concentrado empresarialmente.
Mientras, en la región de Murcia, el predominio es de la producción para la exportación de uva apirena, con variedades club de mayor rendimiento (la uva sin semillas supone el 77% del área según ESYRCE, 2018), una campaña con inicio y cierre más temprano, y una comercialización por parte de pocas y grandes empresas. De hecho, el modelo de integración, similar al que caracteriza el sector porcino, crece a pasos agigantados en esta zona de producción, a lo que se suma la entrada de capital externo a través de fondos de inversión y capital riesgo. En la actualidad, en Murcia el dominio de la comercialización se produce por tres grandes empresas: Moyca Grapes SL, El Ciruelo SL y Frutas Esther SA, que acaparan alrededor del 85% de la uva de esta zona de producción.
Moyca Grapes SL, con sede en Totana, es la principal comercializadora europea de uva de mesa sin pepita con una facturación anual de alrededor de 70 mill€ y su beneficio bruto cercano a los 17 mill€/año. Cuenta con más de 1.100 ha de producción propia ubicadas en Murcia, Alicante, Badajoz y Argentina y también con más 30 agricultores asociados o integrados que aportan su producción, así como con 4 centrales de manipulación y envasado (más de 27.000 m2). El fondo de capital riesgo ProaA Capital, una de las grandes gestoras de fondos en España y que administra activos por más de 600 millones de euros, entró en su accionariado en 2017.
El Ciruelo, empresa de Alhama de Murcia especializada en producción de uva de mesa y otras frutas dulces, cuenta con una facturación de más de 140 mill€/año, más de 2.000 ha de producción propia y otras 1.000 ha propiedad de otros agricultores “cuyas explotaciones dirigen y controlan como complemento y refuerzo de su base productiva”. El Ciruelo también opera en base a un modelo prácticamente de integración con sus agricultores proveedores. La compañía tiene dos centrales de acondicionamiento que superan los 10.000 m2 de superficie. En mayo de 2019, ha cerrado la compra de la empresa brasileña Labrunier, junto con su firma comercializadora Bravis y otras filiales, lo que permitirá a El Ciruelo acceso a mercados como el de EEUU, entre otros. La compra incluye 2.400 ha de uva de mesa en los estados brasileños de Bahía y de Pernambuco − la mayor extensión del mundo dedicada en exclusiva a este cultivo – y 3.000 trabajadores
El modelo de integración, similar al que caracteriza el sector porcino, crece a pasos agigantados en esta zona de producción, a lo que se suma la entrada de capital externo a través de fondos de inversión y capital riesgo
Frutas Esther, S.A. es una empresa cuya actividad principal es el cultivo y comercialización de frutas frescas, entre ellas la uva de mesa, con sede en Abarán (Murcia) y una sucursal en Reino Unido. Está reconocida como OPFH y cuenta con 1.500 trabajadores, con una facturación anual de unos 80 mill€, y unos beneficios brutos de unos 7 mill€/año. El pasado mes de mayo de 2019 se conocía que el fondo de inversión Miura Private Equity entraba en el accionariado de esta empresa. Dicho fondo gestiona activos por más de 700 mill€ y se especializa en inversiones en pymes españolas. Desde 2008, Miura ha invertido en más de 30 empresas por un valor total de más de 800 mill€.
El funcionamiento de estos grandes grupos productores y comercializadores, respecto a los agricultores y agricultoras proveedores de uva, es similar y sigue un régimen de integración, parecido al ya extendido en sectores como el porcino. De hecho, se están produciendo operaciones conjuntas entre empresas de ambos sectores para gestionar conjuntamente tierras y actividades (la operación El Pozo – El Ciruelo podría abarcar más de 5.000 ha). Los procesos de integración se tocan.
La operativa, por tanto, se basa en que los agricultores asumen el riesgo productivo, mientras mantienen la propiedad de la tierra. Tienen contratos de compra−venta de producto a largo plazo con las empresas integradoras y reciben asesoramiento técnico, insumos productivos y permisos para plantar y producir – previo pago del royalty correspondiente – las variedades de uva que son propiedad de las integradoras. Los costes son elevados, ya que se busca un producto de calidad. Los precios que se pagan al agricultor cubren dichos altos costes de producción, pero con una rentabilidad supervisada y muy limitada.
El control sobre las variedades es un tema muy relevante en este sistema de funcionamiento. Se trata de variedades apirenas, muy reconocidas en el mercado, que se han obtenido gracias a una empresa, Investigación y Tecnología de Uva de Mesa S.L. (ITUM), constituida por empresas comercializadoras del sector y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Agroalimentario (IMIDA), centro público de investigación dependiente del gobierno murciano. Las variedades obtenidas, en parte con dinero público, son registradas por esa entidad. Si un agricultor quiere plantar y cultivar una de estas variedades debe o bien adquirir participaciones de la empresa ITUM, algo casi imposible actualmente porque no es asequible ni factible en la práctica, o bien adquirir la planta – con su correspondiente royalty – a la empresa con la que va a comercializar la uva. En este último caso, el agricultor sólo podrá comercializar su uva con esa empresa. Si deseara cambiar a otra empresa de comercialización, debería obtener el permiso de la primera, siempre y cuando la nueva empresa de comercialización forme parte de ITUM. De no ser así, debería arrancar las plantas y no podría comercializar su producto, ya que no contaría con el amparo de la empresa licenciataria de la variedad, ITUM. Por tanto, ITUM se conforma como un club de variedades, a pesar de contar con dinero público en su estructura, a la cabeza del cual se sitúan las grandes empresas integradoras.
La supervivencia de un agricultor, en especial si su explotación no está diversificada, queda supeditada al destino y a los intereses de la empresa integradora
La integración puede presentar beneficios, pero también riesgos: la integradora asegura una rentabilidad en tanto en cuanto tenga voluntad de hacerlo. La supervivencia de un agricultor, en especial si su explotación no está diversificada, queda supeditada al destino y a los intereses de la empresa integradora. Si la empresa integradora quiere hacerse con los medios de producción del agricultor, con sus tierras o sus derechos de agua, no tiene más que ajustar los precios de compra o elevar los costes de producción para ahogar financieramente al proveedor, que acabará cediendo a las presiones de venta. Otra posibilidad es que las integradoras acaparen suficiente producción propia y no necesiten mantener relaciones de integración con productores, que se verían abocados a estrellarse en el mercado, al no existir estructuras comerciales al margen de estos gigantes, además de padecer serias dificultades financieras en el desenganche de estas compañías.
Por otro lado, la entrada de fondos de inversión en estas grandes empresas, para soportar su crecimiento y la necesidad aparejada de liquidez, eleva la especulación y pone el riesgo el futuro a largo plazo de las propias empresas y, con ello, de los agricultores que dependen de ellas, dado que buscan un retorno económico en un plazo muy concreto y no tienen problemas en abandonar las empresas una vez obtenido, al carecer de arraigo sectorial o territorial. Pero no sólo afecta a empresas y agricultores, sino también a toda la economía y empleo que se genera en zonas de producción muy localizadas, como por ejemplo, el Valle del Guadalentín o la Vega del Segura.
La bancarrota de una gran empresa comercializadora de este tipo, ya sea por factores propios (mala gestión o incertidumbre derivada de la salida del fondo de inversión) o por factores ajenos (el Brexit o una crisis reputacional, incluso infundada, como fue la crisis de la E. coli para el sector hortícola español en 2011), pueden derivar en la ruptura del sector, afectando ampliamente a la economía de una zona.
El tejido cooperativo del sector se ha visto resentido enormemente a consecuencia de esta situación, pero también por graves problemas de gestión de las cooperativas y actualmente, salvo determinadas excepciones, opera como elemento necesario para el acceso a los fondos europeos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), sirviendo como enlace entre el agricultor y la entidad integradora, pero sin tener capacidad real de comercialización. Incluso las propias integradoras están constituidas como OPFH o tienen filiales que lo son y pueden acceder a dichas ayudas de la UE, acogiéndose a una permisiva legislación, que posibilita que los fondos de inversión acaben incluyendo ayudas públicas entre sus beneficios.
De la misma forma, el número de agricultores dedicados a la uva de mesa ha caído de forma importante en una reestructuración prolongada y profunda, que ha cambiado la radiografía de las principales zonas de producción de Murcia. Los agricultores que disponían de pequeñas áreas de parral ya no forman parte del sector, o han pasado a ser agricultores a tiempo parcial o para disfrute personal, y sólo aquellos que han adquirido una dimensión considerable, con un mínimo de 15−20 ha de uva de mesa, permanecen en el sector como agricultores profesionales dentro de estructuras integradas, reconvertidos prácticamente en obreros agrarios.
El número de agricultores dedicados a la uva de mesa ha caído de forma importante en una reestructuración prolongada y profunda, que ha cambiado la radiografía de las principales zonas de producción de Murcia
El elevado peso que acaparan las empresas en la economía o el empleo de una determinada zona o región también tiene consecuencias desde el punto de vista de su influencia política y administrativa, ya sea a nivel local – consiguiendo movilizar a un pueblo para obtener modificaciones en la normativa municipal – o con carácter nacional. Como se indicaba antes, las presiones del sector comercial han doblegado la normativa de OPFH, permitiendo la intrusión de empresas comercializadoras que han utilizado los resortes públicos para crecer y afianzarse, favoreciendo e incluso financiando el oligopolio de la distribución, dado que el reparto de valor de la cadena y el flujo de renta han caído preferentemente hacia la comercialización y distribución. Esto se ha producido en detrimento de la creación de verdaderas OPFH, democráticas, no virtuales y que favorecieran la concentración de la oferta de los agricultores profesionales, que son aquellos que vertebran el medio rural y garantizan las producciones de calidad.
Por otro lado, tras largas negociaciones, se ha concretado la apertura del mercado chino para la uva española en el mes de septiembre de 20197. La apertura del mercado chino sólo se consigue producto por producto, lo que implica decisiones políticas que han situado a la uva de mesa como prioritaria frente a otras producciones que están en lista de espera, como el caqui o la cereza. Visto el elevado grado de concentración en la comercialización y exportación, resulta evidente quiénes son los principales agraciados de la difícil apertura del mercado chino.
