El Gobierno aprueba la reforma del Programa Forestal Español sin atender la demanda de los selvicultores de incorporar una nueva fiscalidad forestal que ayude a los propietarios del 70% de la superficie
La Reforma del Programa Forestal Español, que revisa las directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible, previstas en la Ley de Montes para el período 2022-2030, y aprobado sorpresivamente el pasado 22 de diciembre por el Consejo de Ministros, no ha incorporado las alegaciones presentadas por los selvicultores representados por COSE, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, en el apartado de fiscalidad forestal, una de las principales reivindicaciones de los propietarios forestales, dueños del 70% de la superficie forestal del país. Si el objetivo de este programa -afirma su presidente Francisco Carreño, es conseguir montes bien gestionados, los selvicultores necesitan una línea de ayudas fiscales y cobro por servicios que permitan poner en marcha esta gestión. Los selvicultores consideran trascendental este nuevo instrumento de planificación estratégico forestal, por lo que debería haber seguido un mayor proceso de maduración y participación ciudadana.
Una representación de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, COSE, con su presidente Francisco Carreño a la cabeza, junto con su gerente Patricia González y representantes de otras asociaciones regionales, se reunió en la mañana de ayer con técnicos de la Dirección General de Política Forestal del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, una cita prevista para seguir analizando y aportando cuestiones de calado en lo que será el Programa Forestal Español para los próximos ocho años. La sorpresa fue la aprobación, el día anterior, por parte del Consejo de Ministros, de esta Reforma que, a juicio de los selvicultores, hubiera necesitado de una mayor reflexión y tiempo para contar con la opinión de todas las partes interesadas, y que tampoco ha respondido al compromiso gubernamental de hacer una política de participación ciudadana. El texto final no ha incorporado uno de los asuntos más importantes para los propietarios forestales, que sí lo habían integrado en las alegaciones presentadas: una adecuada fiscalidad forestal.
FISCALIDAD FORESTAL
Los propietarios forestales, a través de COSE, llevan tiempo explicando la necesidad de adaptar el cuadro tributario al sector forestal, que en estos momentos está desajustado por las especiales características que tiene el periodo de maduración de las actividades forestales (de entre 15 y 30 años según las especies) reivindicando la posibilidad de que el sector forestal privado pueda utilizar el sistema de módulos, que se ajusta mejor a sus necesidades particulares y que sea compatible con otros sistemas tributarios.
Otra de las reivindicaciones fiscales del sector es la rebaja de la cuantificación de los ingresos en la declaración de renta y sociedades cuando sean ingresos percibidos por un periodo temporal amplio, porque ese es el turno de aprovechamiento de madera de los montes.
Y en tercer lugar, se pide que sea computable la reducción del IRPF o en el impuesto de Sociedades de un porcentaje de la inversión de entre un 30-40 %, en función de las características de los montes.
UN CONTRATO TERRITORIAL A MEDIDA DEL SECTOR
El texto legal aprobado propone un total de 289 medidas, de las cuales 86 se han considerado como prioritarias de acuerdo con la visión, mensajes y objetivos generales de la política forestal española definidos en la Estrategia, según la nota emitida por el Gobierno. Estas Directrices establecen el contenido mínimo de las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes para garantizar su gestión sostenible. Además, se relacionan dos instrumentos que pueden incentivar la gestión forestal sostenible, como son la custodia del territorio y el contrato territorial.
Con respecto al contrato territorial, que era una figura incluida en la ley de Desarrollo Rural Sostenible, y que no se aprobó nunca, es una definición muy interesante para el propietario forestal por sus actividades a largo plazo. Los custodios del territorio son los propietarios forestales y un contrato territorial podría ser bien aprovechado creando entidades de custodia, con todas las ventajas que tiene esta figura y pudiéndolo aplicar a través de las distintas organizaciones asociativas regionales.
UNA ASIMETRÍA POR SOLUCIONAR
Si la Estrategia Forestal apuesta decididamente por un modelo de gestión forestal activa, adaptativa y preventiva, que recupere la sostenibilidad ambiental, social y económica en el entorno rural y como palanca de la transición energética y lucha contra la despoblación, eso exige una mayor atención por parte de los poderes públicos, especialmente los legislativos. Los propietarios forestales detectamos una asimetría entre la importancia que tiene el territorio forestal para el bienestar ciudadano y la escasa preocupación política que genera. En unos momentos además en que la opinión pública está despertando del escaso interés social por la gestión forestal y pide medidas contundentes para revertir la situación de abandono rural y los riesgos cada vez más preocupantes que provocan los incendios forestales.
