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ASAJA Alicante culpa al abandono de la actividad agrícola de la propagación del incendio de Vall d'Ebo y exige un plan estratégico urgente

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante responsabiliza a la Conselleria y al Gobierno de la dejadez del medio rural, cuyo abandono ha propiciado que las llamas se propaguen y avancen por miles de hectáreas en el peor incendio registrado en la provincia durante la última década. Tras lo ocurrido, solicita convocar un comité urgente que sea capaz de elaborar un plan estratégico para mantener y mejorar los cultivos, y el uso del territorio en la zona de la Montaña de Alicante.

Como buena conocedora del medio, la asociación agraria alzó la voz hace unas semanas para denunciar la alarmante situación que vive el campo alicantino y en particular las comarcas de la Montaña de Alicante: la disminución del rendimiento de la renta agraria, atizada por los elevados gastos que tiene que asumir el agricultor o ganadero, como el encarecimiento del precio del gasóleo y el abono, entre otras cosas, da pie a unos campos cada vez más vacíos que, al dejar de ser rentables, dificultan el relevo generacional y favorecen la despoblación de las zonas rurales. De hecho, en los últimos veinte años, las tierras de cultivo de la Comunidad Valenciana han caído en picado en un 23% (178,5 miles de hectáreas en 2001 a 136,6 en 2021), mientras que las destinadas a pastos y el terreno forestal se han incrementado en un 22% y un 19% respectivamente, según el Informe del Sector Agrario de 2021. Cada vez menos campo agrícola activo y más superficie abandonada que pone en evidencia que son tiempos muy duros para un sector al que, según lamenta ASAJA Alicante “nuestros políticos menosprecian”.   

Cabe destacar que la Vall d’Alcalá, municipio donde los cultivos han sufrido graves consecuencias por el actual incendio, es una de las zonas más afectadas por la indiscriminada trituración de los almendros a causa de la Xyllella Fastidiosa. Las medidas tomadas por la Conselleria para erradicarla han dejado bancales baldíos con maleza forestal seca y descontrolada, constituyéndose como un peligroso agravante cuando arden los campos. “Tras el arranque masivo de almendros ha llegado la completa desolación, convirtiendo los campos de almendros y su riqueza paisajística en auténticos polvorines que, desgraciadamente, han estallado de la peor manera posible”, lamenta el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu. “Cuando las actividades agrícolas y ganaderas cesan, el monte gana terreno de forma descontrolada, y la montaña se queda huérfana de unas tierras activas y custodiadas que actuaban como parapente en caso de incendio”, señala. 

Por ello, ASAJA Alicante propone crear un comité de urgencia en el que participen expertos en la materia, agricultores y vecinos de zona, no solo para plantear soluciones a corto y medio plazo, sino también, y de suma importancia, para mejorar las condiciones agrarias y revitalizar las zonas rurales. De este modo, Andreu anuncia que la asociación está ultimando una serie de propuestas en firme que deberían contemplarse en un plan estratégico para mantener y mejorar los cultivos de la Montaña de Alicante. Entre las soluciones que plantea ASAJA, el presidente avanza que “es necesario favorecer la rentabilidad agraria y fortalecer las cooperativas, así como la implantación de regadíos sociales para evitar la despoblación; promover una fiscalidad agraria que recoja las especialidades características de la zona; un seguro agrario para la cereza de la Montaña de Alicante; un plan de replantación de la Xyllella Fastidiosa y una línea de financiación específica que contemple las necesidades actuales de las empresas agrarias y agricultores de las zonas afectadas”. 

Asimismo, y ante el anuncio de la intención por parte de la Generalitat Valenciana de declarar la zona como catastrófica, ASAJA Alicante manifiesta que no es suficiente, y que puede convertirse en una cortina de humo para justificar y aparentar que se hace algo, cuando la realidad es que no se acometen acciones efectivas. Muestra de ello es lo ocurrido con la DANA de 2019, declarada zona catastrófica, que más que otra cosa ha supuesto un laberinto administrativo para los afectados, sin que se establezcan medidas reales que ayuden a prevenir la situación. En este sentido, Andreu señala que “el alcance de las medidas después de este incendio tiene que ser mucho más ambicioso”.