El Ayuntamiento de Casinos lleva ante el TSJCV la planta de biometanización de Llíria por su impacto ambiental y pide paralizar las obras
El Ayuntamiento de Casinos ha iniciado la vía judicial para frenar la construcción de una planta de biometanización proyectada en el término municipal de Llíria, con capacidad para gestionar más de 192.000 toneladas de residuos al año. El consistorio considera que el proyecto presenta deficiencias en su tramitación ambiental y puede generar afecciones sobre la calidad del aire, los recursos hídricos y los suelos agrícolas de la zona.
El alcalde de Casinos, Miguel Navarré, ha anunciado que el Ayuntamiento presentó la pasada semana la primera de las dos demandas previstas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El objetivo es impugnar las autorizaciones administrativas concedidas al proyecto y conseguir la suspensión cautelar de las actuaciones mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Uno de los principales argumentos del consistorio es la ubicación de la instalación, que, pese a encontrarse administrativamente en el término municipal de Llíria, estaría mucho más cerca del núcleo urbano de Casinos que del de la propia capital del Camp de Túria.
Navarré también denuncia que la Generalitat Valenciana no consultó al Ayuntamiento de Casinos durante la tramitación de la declaración de interés comunitario ni en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. «Casinos no ha tenido ni voz ni voto y eso es absolutamente inadmisible», ha afirmado el alcalde, que considera que el municipio debería haber participado en un procedimiento con posibles consecuencias directas para su población.
Tres informes técnicos alertan de posibles afecciones ambientales
Para respaldar las acciones judiciales, el Ayuntamiento ha encargado tres informes periciales que analizan los posibles efectos de la instalación sobre la atmósfera, los recursos hídricos y los terrenos agrícolas. El consistorio señala que estas cuestiones no agotan el conjunto de afecciones que pretende plantear ante los tribunales.
El primero de los estudios, elaborado por el profesor Máximo Florín, cuestiona la metodología del estudio ambiental de la planta, especialmente por utilizar datos meteorológicos de Manises, situada a casi 30 kilómetros de la ubicación prevista. Según ha explicado Navarré, las simulaciones realizadas apuntan a que determinadas emisiones podrían alcanzar el municipio de Casinos cuando se den condiciones meteorológicas desfavorables.
El segundo informe, firmado por el geólogo Joan Escudet, advierte de posibles riesgos para el acuífero Llíria-Casinos, una masa de agua subterránea compartida por ambos municipios.
Por su parte, el profesor José Ramón Olarieta analiza las posibles afecciones a los suelos agrícolas y cuestiona la evaluación de los efectos que podría tener la aplicación de los residuos resultantes del proceso de biometanización sobre los terrenos y las aguas subterráneas.
A partir de estos argumentos, el Ayuntamiento solicita la nulidad de la declaración de interés comunitario, la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada de la instalación.
El Ayuntamiento reclama la suspensión cautelar de las actuaciones
Además de impugnar las autorizaciones, el consistorio ha solicitado al TSJCV que adopte medidas cautelares para paralizar los movimientos de tierras, las obras y cualquier actuación dirigida a poner en funcionamiento la planta mientras se resuelve el litigio.
«No tendría ningún sentido que la justicia nos dé la razón cuando el mal ya está hecho», ha advertido Navarré, que considera que la ejecución del proyecto podría ocasionar daños ambientales de difícil reparación.
El tribunal todavía debe pronunciarse sobre esta petición de suspensión cautelar. El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento no se opone al desarrollo de las energías renovables, sino a la implantación de proyectos que, a su juicio, no cuentan con suficientes garantías ambientales y administrativas.
Asimismo, ha agradecido el respaldo de la Asociación en Defensa del Camp de Túria y La Serranía, que, según los datos facilitados por el primer edil, ha conseguido reunir más de 14.000 firmas contra la planta.
El Ayuntamiento prevé celebrar en las próximas semanas una asamblea vecinal en la que participarán representantes municipales, miembros de la asociación, expertos y los abogados que llevan el procedimiento. El encuentro servirá para explicar el estado de las actuaciones judiciales y los próximos pasos.
La presentación de la demanda y la solicitud de medidas cautelares trasladan así el conflicto sobre la planta de biometanización al ámbito judicial, donde ahora será el TSJCV quien deba pronunciarse sobre las autorizaciones administrativas y la posible paralización del proyecto.
